San Cristóbal. Las calles de San Cristóbal tienen un término con el que algunos ciudadanos se refieren al alcalde de esa ciudad, José Montas, luego de la explosión que mató a más de treinta personas.
"Asesino", fue el término que un grupo de personas se refirió al alcalde cuando un camión pasó junto a la valla que llevaba el rostro y el nombre del alcalde.
Con voz visiblemente enojada, el pueblo exigió que "la ciudad está muerta", "mira cómo camina", y exigieron respuestas por esta tragedia.
Una medida de coerción
Por este hecho, el Juzgado Permanente de San Cristóbal impuso una garantía económica, un impedimento de salida y presentaciones periódicas como medidas de coerción contra el dueño de la empresa plástica Vidal Plast, su esposa e hija, quienes se desempeñan como ejecutivas de la empresa.
En el caso de Eduard Vidal, el propietario, deberá utilizar un grillete electrónico y pagar 300.000 pesos, mientras que Maribel Sandoval y Mercedes Vidal, su esposa e hija, respectivamente, deberán pagar un millón de pesos a través de una compañía de seguros.
En el caso de la explosión de San Cristóbal, el Ministerio Público confirmó que fue en las instalaciones de la empresa donde se registró la explosión provocando la muerte de 37 personas, lo que estableció el organismo fiscal.
Los fiscales establecieron que el gas se acumuló a lo largo del tiempo en la empresa, "lo que provocó una explosión a la que siguieron varias explosiones que generaron ondas de choque que afectaron a edificios y vehículos cercanos, además de generar grandes cantidades de energía calorífica (calor) que alcanzó diversas propiedades". Los incendios fueron provocados, directamente al Banco de Reservas, La Veterinaria La Esperanza, la sucursal de Casa Toledo S.R.L., así como la recién inaugurada unidad de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales”.
