“Derecho a la información no es absoluto y tiene límites” asegura abogado Pascal Peña
Santo Domingo.- El abogado Pascal Peña, experto en derecho internacional y nuevas tecnologías, expresó su respaldo a la norma que busca implementar la Suprema Corte de Justicia para reforzar la protección de datos personales.
Según el jurista, esta política no introduce cambios sustanciales, sino que se alinea con los derechos ya establecidos en la Constitución, la Ley 172-13 y tratados internacionales “esta política no trae nada nuevo que ya no existiera”, afirmó.
Durante su participación en el programa El Despertador, Peña señaló que la política busca garantizar una interpretación adecuada de derechos como la intimidad y la protección de datos personales. Además, subrayó la importancia de proteger información sensible, como datos bancarios o familiares, para evitar usos indebidos.
Peña aclaró que, aunque el derecho a la información es fundamental, no es absoluto y debe respetar ciertos límites. “No estamos hablando de restringir información de interés público, como la de funcionarios que hayan cometido actos ilícitos, pero ciertos datos no deben estar al alcance de todos”, indicó.
Pascal también destacó el concepto del “derecho al olvido”, aplicado en otros países, que permite desindexar información sin relevancia pública actual. Agregó que países como España y Costa Rica ya cuentan con normativas específicas para la protección de datos personales en procesos judiciales y de investigación.
Frente a las críticas sobre la posible discrecionalidad de los jueces con la normativa, Peña afirmó que la interpretación se realizará en un marco normativo claro. “La Ley 172-13 y la Constitución ya establecen qué información puede ser protegida. No se trata de limitar el acceso a información relevante, sino de garantizar que ciertos datos personales no sean mal utilizados”, sostuvo.
El abogado también instó al Ministerio Público a tomar responsabilidad en la filtración de expedientes que contienen datos privados, señalando que esta práctica es ilegal y podría implicar responsabilidades patrimoniales para el Estado. Añadió que estas filtraciones deben cesar de manera inmediata.
