Acusan a funcionarios del Colegio de Abogados por irregularidades en pago de pensiones
Santo Domingo.- Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) La Procuraduría General de la República (PGR) ha exigido la apertura de una investigación penal contra José Ignacio Paliza, Ministro de Administración de la Presidencia; Contra Antoliano Peralta, Asesor Jurídico del Poder Ejecutivo, y Juan Rosa, Director General de Jubilaciones y Pensiones, así como otros funcionarios, por supuesto incumplimiento de las normas en el pago de pensiones.
Miguel Sarun Hernández, presidente de CARD, calificó de fraudulentas miles de asignaciones de pensiones estatales, que se asignaron sin seguir los procedimientos de pensión establecidos. Ley Núm. 379Sobre las pensiones y jubilaciones de la nación, con la clara intención de favorecer a los partidos y políticos preocupados por los trabajadores en perfecta salud y edad productiva.
Surun Hernández indicó Se trata de hechos que constituyen delitos de premeditación, abuso de poder y colusión de funcionariosAutorizado por los artículos 114, 123, 126 y 127 del Código Penal.
“Este es un acto grave, mediante el cual funcionarios deshonestos distorsionan el sistema estatal de pensiones, tal como lo describe la Ley 379-81, para beneficiar a familiares y activistas políticos, llegando a más de 110 mil desde septiembre de 2020 y en muchos casos beneficiando a personas que nunca .publicaron y trabajaba para menores de 60 años y para la salud integral, llegando en muchos casos a unos 100.000 pesos mensuales.
Mientras que los funcionarios que han sacrificado su vida por el Estado dominicano quedan en la indigencia con pensiones de 10.000 pesos mensuales.
El sindicalista recordó que si bien es cierto que tres artículos de dicha ley permiten el pago de pensiones a personas "civiles" que no hayan trabajado para el Estado, siempre que padezcan incapacidad laboral por enfermedad grave y vejez. Y nunca para activistas políticos jóvenes y capaces.
“Lo peor es que tratan de cubrir las pensiones concedidas de forma fraudulenta, beneficiando a algunos ciudadanos que cumplen con los requisitos establecidos en la iniciativa, irregularidades que han exigido al fondo un monto anual enorme. RD$2,769,000,000.00Robo fraudulento de contribuyentes en nombre de agentes políticos.
Surun Hernández, a modo de ejemplo, solicitó a la Fiscalía General de la Nación que gestione una copia del expediente de cada uno de los beneficiarios de las pensiones otorgadas en base a los decretos ya descritos, para garantizar que la mayoría de los beneficiarios no reunir los requisitos previstos en la Ley 379-81 y ser representativos.
