Advertencia: esta historia contiene descripciones que pueden resultar perturbadoras.
Cuando Kenia escuchó los gritos de sus compañeras de pabellón, corrió hacia una celda y descubrió a una joven suspendida en el aire, sostenida por el cuello con las sábanas que vestían su cama, sacudiendo los pies mientras botaba espuma por la boca.
En aquellos días, otras detenidas se habían ahorcado en sus celdas, como si se tratara de una enfermedad contagiosa que asediaba al Centro Federal de Readaptación Social Femenil número 16, mejor conocido como Cefereso 16, la única cárcel federal de mujeres de México.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), un ente autónomo cuyos miembros son designados por otros poderes públicos, reconstruyó en un informe las circunstancias de un fenómeno inédito en el país: 11 suicidios ocurridos en 9 meses, entre marzo y diciembre de 2023, dentro de una cárcel federal.
El primero se registró en marzo, el segundo en julio. Hubo dos en agosto, dos en septiembre, uno en octubre, tres en noviembre y uno a principios de diciembre. La institución también documentó un suicidio en julio de 2021 y otro un año después.
El reporte indica que 8 de las 13 víctimas se ahorcaron con sábanas o calcetines, sin precisar cómo fallecieron 5 de ellas. Seis tenían un año o menos dentro del penal, tras haber sido transferidas desde otras cárceles de México.
CORTESÍA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS DE MÉXICO
En 7 casos la prisión no presentó pruebas de haber brindado asistencia médica o psicológica a las víctimas, a pesar de que las reclusas las solicitaron, y al menos 5 tenían diagnósticos de salud mental, entre los que figuraban “trastorno depresivo” y “síntomas ansiosos”.
El informe dice que una de las detenidas era “víctima de agresiones físicas por parte de personal de Seguridad y Custodia”.
Una reclusa contó que varias presas avisaron a las guardias cuando la primera víctima de 2023 se estaba ahorcando, pero tardaron 20 minutos en llegar a su celda.
“El fin de semana anterior a su deceso, otras personas privadas de la libertad intentaron suicidarse y aunque no lo lograron esto impactó en el estado anímico de sus compañeras del Módulo C”, señala el reporte.
“Todas coincidieron en sentirse temerosas, tristes y molestas pues han ocurrido 4 decesos y nadie hace nada”.
La CNDH concluyó que en todos los casos “se vulneró el derecho a la protección a la salud en su modalidad de salud mental”.
La prensa mexicana informó sobre el presunto suicidio de otra mujer el 29 de mayo de este año. Ante el silencio de las autoridades penitenciarias, el Instituto Federal de Defensoría Pública informó en un comunicado el 31 de mayo que emprendió «acciones legales a fin de contar con información certera» sobre el caso.
Una semana después, 64 organizaciones no gubernamentales y activistas firmaron un comunicado titulado “‘¡Alto al cementerio de las vivas!”, en el que hicieron “un enérgico llamado a las autoridades (…) para que garanticen y salvaguarden la vida, integridad y la protección de los derechos humanos” de las reclusas del Cefereso 16.
CORTESÍA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DE MÉXICO
“Falta de un proyecto de vida”
En su declaración matutina del pasado 14 de mayo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dio la palabra a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para que explicara la situación en el Cefereso 16.
Rodríguez atribuyó la ola de suicidios a varios factores: la infraestructura del penal, que se diseñó sin “integrar la perspectiva de género”; los traslados de reclusas desde localidades lejanas, que impiden las visitas de familiares con regularidad, y el hecho de que 40% de las 1.174 mujeres detenidas en esta cárcel han esperado durante años por una sentencia.
“Estos elementos han desarrollado desesperanza entre las mujeres privadas de la libertad, quienes expresan desaliento ante la falta de un proyecto de vida”.
Rodríguez dijo que las muertes movilizaron “a todas las instituciones para la atención y acudieron expertos de diferentes dependencias a una intervención para detener la ola de suicidios y elaborar un diagnóstico de la problemática que la originó”.
El Instituto Federal de Defensoría Pública, organizaciones no gubernamentales, abogados y activistas, suman a esta lista la falta de acceso a atención médica y «prácticas de tortura» para castigar a las detenidas.
BBC Mundo contactó a fuentes de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para saber más sobre las medidas tomadas durante los últimos meses para evitar nuevos suicidios, pero nos remitieron a las declaraciones de mayo de Rosa Icela Rodríguez.
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“Un hotel de gran lujo”
El Cefereso 16 es un complejo de cemento y metal erigido en una explanada desértica del municipio Coatlán del Río, en el estado de Morelos, en el centro de México.
La distancia mínima que deben recorrer los familiares de las detenidas, sus abogados y los defensores de derechos humanos para visitar la prisión es de 70 kilómetros desde Cuernavaca, la ciudad más cercana al Cefereso 16.
Esta cárcel de máxima seguridad fue inaugurada el 27 de octubre de 2015, como uno de los 8 penales federales que ordenó construir el entonces presidente Felipe Calderón, a través de contratos millonarios con empresas privadas.
Estas adjudicaciones fueron coordinadas por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue hallado culpable de narcotráfico en febrero de 2023 por una corte de Estados Unidos.
El Cefereso 16 pertenece a Capital Inbursa, una empresa que forma parte del conglomerado Grupo Carso, propiedad del magnate mexicano Carlos Slim.
“El personal de la empresa, por contrato, no tiene contacto alguno con las personas privadas de la libertad”, dijo a BBC Mundo en un correo electrónico Renato Flores, subdirector de Comunicación y Relaciones Gubernamentales del Grupo Carso.
“Capital Inbursa provee al Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, la infraestructura física, materiales tecnológicos y auxiliares para que cumpla sus funciones, así como servicios de alimentos, ropería y mantenimiento”.
En enero de 2021, López Obrador anunció que eliminaría las concesiones a centros penitenciarios privados, al cuestionar el pago de millones de dólares cada año a estas empresas, sin importar si funcionaban a plena capacidad.
“En promedio (cuesta) 3.500 pesos diarios (alrededor de US$206) tener un recluso. Es lo que yo gano al mes, es un hotel de gran lujo, esto es lo que tenemos que enfrentar”, dijo el presidente mexicano.
El gobierno decidió trasladar a Morelos a presas de otros penales femeninos del país, una medida que las separó de sus familiares, quienes ya no podían cubrir los gastos del viaje para visitarlas, especialmente desde los estados más lejanos en el norte y el sur de la extensa geografía mexicana.
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“Dolor emocional”
Durante los 3 años y 3 meses que Kenia Hernández estuvo recluida en el Cefereso 16, al igual que las demás reclusas sólo disponía de 10 minutos cada semana para hablar por teléfono con sus hijos y sus abogados.
Asegura que permanecía sola en una celda, siempre expuesta a la mirada de las custodias a través de las rejas, incluso cuando usaba las instalaciones sanitarias. Aunque le correspondía recibir sol una hora por día, durante un mes no salió ni una vez.
“Pasas tanto tiempo aislada que quieres morir”, explicó la activista indígena que fue detenida por cerrar una carretera para protestar y acabó siendo condenada a casi 22 años de prisión, en un caso señalado como detención arbitraria por la relatoría especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos.
CORTESÍA DE KENIA HERNÁNDEZ
“Las compañeras se sienten solas y abandonadas, se sienten aisladas de la sociedad”, le contó Hernández a BBC Mundo durante una llamada desde la prisión local adonde fue trasladada hace cuatro meses.
“Es un tema de mucho dolor emocional. Me tocó ver a una compañera a la que se le murió su mamá, a otra se le murió su hijo y a otra su hija cuando estábamos en la cárcel”, recordó. “Si estás aislada y no tienes el acompañamiento de tus seres queridos, solo te quedan tus compañeras de pabellón”.
Hernández aseguró que muchas reclusas se refugiaban en los “medicamentos controlados”, fármacos suministrados por la cárcel para ayudarlas a lidiar con el insomnio, la ansiedad o la depresión.
Amenazar con cortarse las venas o colgarse se convirtió en un mecanismo de presión para pedir cambios de celdas o medicamentos, explicó Hernández. “Y cuando dejaron de darlos, la población se puso mal”.
El grupo de organizaciones que emitió el comunicado por la primera muerte registrada este año advirtió que se desconoce “qué tipo de medicamentos se les están proporcionando (a las reclusas), cuál es su diagnóstico y la dosis que reciben”.
Crímenes federales vs delitos comunes
Viridiana Molina, una mujer que estuvo 3 años en prisión preventiva en el Cefereso 16 hasta que fue absuelta, contó que la llegada de presas desde otras cárceles perturbó la convivencia interna del penal.
Aquella decisión mezcló a mujeres detenidas por delitos federales (como delincuencia organizada, secuestro, tráfico de drogas o lavado de dinero) con otras de fuero común (como robos, asaltos u homicidios).
“A las que traían sentencias por homicidio no les importaba matar a una compañera porque ya tenían encima condenas de 100 años”, afirma Molina.
“Hacían puntas con los huesos de las chuletas para picar a otras compañeras. O intentaban extorsionar a las demás. Por eso las mantenían aisladas”.
A medida que aumentaba la tensión dentro de la cárcel, cada una luchaba a su manera por adaptarse al estricto régimen de un penal de máxima seguridad.
“Cuando vienes de un sistema abierto, donde tienes acceso al teléfono y puedes ver a tu familia cada semana, se te hace imposible el aislamiento del 16”.
CORTESÍA DE VIRIDIANA MOLINA
Ese fue el caso de Amanda (nombre ficticio), una de las 14 detenidas que fue transferida en septiembre de 2022 al Cefereso 16 desde el Centro de Reinserción Social de la ciudad de Obregón, en el estado de Sonora, 1.700 kilómetros al norte de Morelos.
“Cuando mi hija llegó al Cefereso, se sentía desesperada, tenía mucha ansiedad y decía que quería quitarse la vida porque vivir allí era como estar muerta”, cuenta la madre de Amanda, quien pidió mantener su identidad anónima para protegerse de represalias.
Durante los casi dos años que Amanda ha estado recluida en el Cefereso 16, su familia la ha visitado una vez. Sus padres y su hermana tomaron un vuelo de 4 horas desde Obregón hasta Ciudad de México y luego abordaron un autobús que recorrió 87 kilómetros hasta Cuernavaca.
Durmieron esa noche en una pensión barata y al día siguiente tomaron otro autobús que los llevó al Cefereso 16. Llegaron antes de las 9:00 de la mañana, para tener tiempo de hacer los trámites de registro, pero el día transcurrió en una larga espera sin explicaciones.
A las 4:00 de la tarde lograron ver a Amanda, pero una hora después las custodias suspendieron la visita.
“El Cefereso 16 está preparado para aislar a las mujeres, pero no para atender sus necesidades ni los derechos que deben ser respetados por parte del Estado en una de las cárceles más aisladas del país”, dijo Ángela Guerrero, fundadora de CEA Justicia Social, una ONG que promueve la reinserción social y brinda apoyo a los familiares de las presas que han sido trasladadas desde 2022.
“El cementerio de las vivas”
Salvador Leyva era secretario técnico de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de la Defensoría Pública de México cuando viajó a Morelos para documentar casos de mujeres que habían permanecido entre 4 y 16 años en prisión preventiva en el Cefereso 16.
Una mujer le dijo que tenía una bala enterrada en una pierna. Otra se palpaba un bulto y no había recibido un diagnóstico. Varias acumulaban dos semanas de sangrados vaginales sin haber visto a un médico.
A través de las entrevistas con varias detenidas, descubrió que la necesidad más apremiante era la atención médica. “Estamos enterradas aquí”, le dijo una. “De vez en cuando nos traen noticias y un poco de cariño”, afirmó otra. “Estamos en el cementerio de las vivas”, comentaron varias.
Leyva organizó una brigada de defensores públicos que entrevistó a unas 1.200 presas durante más de un mes, en jornadas de ocho horas en las que preguntaban todos los detalles sobre las condiciones de reclusión.
CORTESÍA DE SLAVADOR LEYVA
«Los cuatro puntos»
Leyva cuenta que a los defensores públicos les sirvieron un menú diferente que al resto de la población penitenciaria el 29 de septiembre de 2022. Ese día ocurrió una intoxicación que afectó a 404 detenidas. “Las mujeres estaban pálidas, lloraban y caminaban juntas de tres en tres para ayudarse a llegar al baño”.
Aunque todas las mujeres con las que conversó aquel día decían tener vómitos, náuseas y dolores intensos, las autoridades del penal aseguraron inicialmente que las detenidas estaban fingiendo.
El equipo de Leyva descubrió el “caso Laura”, una reclusa que le explicó que había sido sometida a una práctica de tortura conocida como “los cuatro puntos”: amarrar a la persona de pies y manos a una cama.
“Laura”, por ejemplo, permaneció atada durante 14 días. Otras aseguraron haber sido agredidas sexualmente durante ese “castigo”.
A partir de 22 casos de mujeres que llevaban años en prisión preventiva en el Cefereso 16, la secretaría dirigida por Leyva envió comunicaciones al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El objetivo era denunciar “la discriminación y violencia institucional” del sistema judicial y penitenciario contra las mujeres en México, el “uso desproporcionado de la prisión preventiva en el caso de las mujeres, la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad” y la falta de acceso a la salud.
“Es un sistema hecho por hombres para hombres”, dice Leyva.
El CEDAW aceptó la comunicación, pero decidió no pedir medidas cautelares para proteger a las detenidas.
“Las mujeres sienten que están muertas, especialmente las que están en prisión preventiva. La vida de sus familias ocurre fuera, nacimientos, graduaciones y muertes, mientras ellas permanecen al margen de todo porque están encerradas siendo inocentes al no recibir una sentencia”.
CORTESÍA DE LA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO
El mayor pesar de Viridiana Molina y Kenia Hernández es justamente haber perdido contacto con sus hijos durante los años que estuvieron en el Cefereso 16.
Los hijos de Molina son gemelos y tenían 11 meses cuando ella fue detenida. Aunque es hinduista y vegetariana, intenta reconciliarse con la idea de que los niños fueron bautizados por la Iglesia católica y sus cuidadores les enseñaron a comer carne.
Aunque Hernández cumple condena en otra prisión, está agradecida de haber salido del Cefereso 16. Ahora puede comprar tarjetas telefónicas de 23 minutos y llamar a sus hijos todos los días.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió en su informe que varias de las 13 reclusas que se suicidaron entre 2021 y 2023 recibieron atención psicológica y psiquiátrica en la prisión. Sin embargo, la asistencia “resultó ineficiente e insuficiente para detectar las conductas de riesgo suicida que presentaban” las víctimas.
