Un enfermo mental liberado tras 20 años de prisión preventiva en Dajaban
Santo Domingo.- Un enfermo mental fue encarcelado por 20 años sin conocer sus antecedentes penales.
Fue liberado gracias a la intervención de la Defensoría Pública Judicial de Montecristi.
El caso fue divulgado por el Director Nacional de la Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, quien indicó que el nombre del ciudadano no fue divulgado por "razones humanitarias" para no afectar su dignidad.
Se trata de un caso sin precedentes que revela una de las violaciones de derechos fundamentales más graves registradas en el sistema de justicia penal dominicano.
El ciudadano se encontraba bajo medida de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Beler, en Dajaban, desde el 20 de junio de 2006, que, "lejos de mantener su carácter excepcional y temporal, se prolongó durante casi dos décadas sin que se dictara una sentencia específica que determinara su situación jurídica".
La irregularidad fue identificada por los defensores públicos de Montecristi, quienes de inmediato asumieron la representación legal del ciudadano e iniciaron una revisión completa del expediente. Como parte del trámite realizado, se reunieron con la representación legal del centro penitenciario y realizaron las gestiones necesarias ante el juzgado para reconstruir y actualizar el historial procesal del caso.
Durante un análisis del expediente, los defensores encontraron informes médicos que confirmaron el estado de salud mental del detenido. Asimismo, comprobaron que el 19 de marzo de 2009 la Defensa Técnica y el Ministerio Público solicitaron al Tribunal Colegiado de Dajabón la aplicación de un procedimiento especial para personas que no pueden ser consideradas responsables, considerando el estado mental de los imputados.
Sin embargo, esta solicitud fue rechazada. En lugar de adoptar una solución procesal específica, el tribunal ordena la suspensión del proceso penal hasta que el ciudadano recupere su salud mental. Esta decisión dio lugar a un prolongado impasse judicial que duró casi veinte años, durante los cuales el hombre estuvo detenido sin abordar definitivamente su situación.
"Este caso constituye una grave violación de derechos fundamentales al privar a una persona de su libertad durante casi dos décadas sin definición procesal y sin las garantías mínimas necesarias para el debido proceso, la tutela judicial efectiva y el respeto a la dignidad humana".
Ante este escenario, la Defensa Pública ha desplegado una estrategia jurídica integral encaminada a restablecer los derechos de los ciudadanos. El equipo legal mantuvo un seguimiento permanente del caso y agotó todas las vías judiciales necesarias para rectificar la situación irrazonablemente prolongada a lo largo de los años.
Las agresiones jurídicas emprendidas incluyeron la interposición de una acción de hábeas corpus y posterior recurso de apelación, recursos que permitieron revocar las casi dos décadas de privación de libertad.
El proceso culminó con una decisión favorable del tribunal, que mediante sentencia emitida el 25 de febrero de 2026 ordenó la liberación inmediata del ciudadano, revisando la restricción más larga al derecho fundamental a la libertad registrada en el país.
Al valorar la trascendencia del caso, Rodolfo Valentín Santos, director Nacional de la Defensa Pública, destacó que la decisión reafirma el compromiso institucional de proteger los derechos fundamentales, especialmente de aquellos en situación de vulnerabilidad.
"Este resultado reafirma nuestra responsabilidad de garantizar que ninguna persona permanezca invisible dentro del sistema de justicia. La defensa de la dignidad humana, el acceso efectivo a la justicia y el respeto irrestricto a las garantías constitucionales son principios que guían nuestro trabajo diario", expresó.
