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por Rafael Pacian
Ha habido momentos en la historia de la humanidad en los que la toga dejó de inspirar confianza y empezó a despertar sospechas. Cuando esto sucede, la democracia entra en territorio peligroso, ya que la justicia deja de ser un refugio para los ciudadanos y se convierte, en opinión de muchos, en una herramienta de conflicto político.
El recurso del Ministerio Público contra la “no plaza” otorgada a Gonzalo Castillo no sólo abre un nuevo capítulo judicial; Provoca también una pregunta que miles de dominicanos se hacen: ¿estamos ante un ejercicio legítimo de derechos o una prolongación indefinida de una guerra política?
Una democracia no es fuerte cuando convierte a los tribunales en el foro permanente donde el pueblo vota para decidir lo que debe decidirse.
Cuando un oponente político no puede ser derrotado mediante ideas, programas o liderazgo, siempre existe la tentación de derrotarlo mediante procesos convenientes, titulares e interminables. Esta tentación ha acompañado a gobiernos de todas las ideologías a lo largo de la historia.
Nelson Mandela estuvo encarcelado durante décadas por un régimen que creía que podía borrar el liderazgo manteniendo a una persona encerrada.
Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado y devuelto a la presidencia de Brasil antes de que el Tribunal Supremo Federal anulara su condena.
José Mujica pasó años en prisión durante la dictadura uruguaya y gobernó su país con enorme legitimidad.
Fidel Castro convirtió su juicio en una plataforma política desde la cual proyectó un liderazgo que marcaría la historia de Cuba.
Donald Trump sostuvo que los procedimientos legales en su contra tenían motivaciones políticas, una narrativa que movilizó aún más a un gran segmento de su electorado.
Todos estos acontecimientos están separados unos de otros y tuvieron lugar en contextos históricos completamente diferentes. Sin embargo, dejan una lección política innegable: cuando un segmento importante de la sociedad interpreta que el poder está tratando de sacar a un líder de la competencia a través del proceso judicial, el efecto puede ser exactamente el contrario al deseado.
Las personas muestran solidaridad con quienes perciben como víctimas de abuso.
Podrá crear esposas, denuncias y títulos de expedientes; Rara vez destruyen una creencia popular cuando ya ha echado raíces.
Hoy, muchos dominicanos ven en Gonzalo Castillo no sólo a un ex funcionario sujeto a un largo proceso judicial, sino también a un líder cuya carrera política sigue siendo objeto de intenso debate nacional. Esta percepción explica por qué cada nueva medida judicial es interpretada políticamente por sus simpatizantes.
La historia demuestra que ningún llamamiento reemplaza la voluntad popular.
No hay reemplazo de votos de archivo.
Ningún cargo por sí solo constituye una sentencia de culpabilidad.
Y ningún gobierno debería olvidar que la legitimidad democrática depende de que las instituciones infundan confianza incluso entre quienes no están de acuerdo con ellas.
Porque el verdadero juez de un líder político será el pueblo.
Y la historia, una vez más, emitirá su propio veredicto.
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