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Por Alejandro Santos
"El poder debe tener límites; cuando no los tiene, se convierte en un instrumento de opresión." juan bosco
"La democracia no se trata sólo de ganar elecciones; se trata de garantizar que nadie tenga el poder absoluto". JOSÉ FRANCISCO PENA GÓMEZ
La dinámica del actual gobierno ha dado un giro que merece atención. A lo largo de los años, se ha caracterizado por la voluntad de escuchar con precisión, tomar el pulso a la opinión pública y, cuando sea necesario, contraatacar. Dejó de suceder. Las últimas iniciativas legislativas se presentan y aprueban a toda velocidad, sin audiencias públicas, sin consultas, sin dejar lugar a otras consideraciones.
Y hay registros de revisión para quien quiera verlos. Este gobierno se ganó la reputación de saber dar marcha atrás cuando los ciudadanos rechazaban sus propuestas. La lista de iniciativas que quedaron sin implementar es larga y clara: Proyecto de Reforma Tributaria o Modernización Tributaria (2024), Primer Intento de Reforma Tributaria (2021), Proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, Proyecto de Ley Contra el Cibercrimen, Propuesta de Reducción de Fideicomiso para Propuesta Cat Eléctrica, Suspensión de Aumento Programado de Tarifas Eléctricas, Tarjeta para Residentes en Frontera, Restricciones a la Contratación y Ajuste Salarial en la Administración Pública (Circular MAP-DIGEPRES), que propone un impuesto del 3% a las compras con tarjeta en moneda extranjera y un impuesto a los salarios navideños.
¿Qué cambia? ¿Por qué el gobierno y el Congreso decidieron actuar de manera diferente? Ahora bien, ¿por qué todo tiene prisa, nada puede detenerlos?
La aprobación de medidas "anticrisis" y los cambios en las leyes de residuos sólidos lo demuestran: estamos ante el ejercicio del poder por un solo partido que no necesita consultar con nadie.
Hay algo en la teoría democrática que vale la pena recordar ahora mismo: la democracia se ocupa de la diferencia. Es precisamente esta variación, divergente y contradictoria, la que obliga a los gobiernos a perfeccionar y mejorar sus decisiones. Cuando ese paradigma desaparece, lo que queda no es la habilidad, sino el predominio de una sola voluntad.
La historia dominicana reciente muestra que la concentración de todo el poder estatal en un solo partido -o el partido gobernante con sus aliados- casi siempre produce los mismos resultados, independientemente de quién esté en el poder. No importa si es PRD, PLD o PRM: cuando se impone una mayoría abrumadora, supera los criterios de otros partidos y destruye la posición de los sectores económicos, sociales, civiles, religiosos y populares.
En los últimos 25 años, la composición del Congreso dominicano ha confirmado, con distintos colores partidistas, la misma tendencia. En 2002, el PRD obtuvo un control casi absoluto del Senado. En 2006, el PLD y sus aliados tomaron el control de ambas cámaras. En 2010, ese mismo PLD llevó ese control a un nivel aún más aplastante. En 2020, el PRM lideró el Senado y la Cámara de Diputados, y en 2024 la mayoría oficial volvió a ampliarse. El partido cambia, pero la lógica es siempre la misma.
El control absoluto pronto se transformó en la dictadura de una verdad única. No escucha, no llega a consensos, no acepta puntos de vista diferentes, no consulta, no negocia. Él impone su decisión.
El control absoluto sobre los principales poderes del Estado convierte en una fantasía la supervisión del Congreso, el control y supervisión de la Cámara de Cuentas y la administración de justicia.
En las campañas, los partidos de oposición siempre proclaman la necesidad de una separación de poderes, garantizando un Congreso plural, para evitar excesos ejecutivos. Pero cuando llegó al poder, el discurso cambió. De repente, parece que necesitan "su Congreso" para poder gobernar. Lo que alguna vez fue un principio democrático se convirtió en un obstáculo que es necesario superar.
Desde el gobierno se movilizan entonces todos los medios y recursos disponibles para consolidar el control del poder ejecutivo, el Congreso y, desde allí, una influencia determinante sobre los demás órganos del Estado.
Y así se establece lo que podemos llamar la dictadura de la única verdad: aquella que no admite respuesta, que no necesita ser convencida porque ya tiene los votos para ganar. Ahí es donde la democracia empieza a perder algo que no se puede recuperar fácilmente: el poder real es el camino correcto y deliberado, la construcción de algo que no sea sólo la voluntad del gobernante.
Lo más preocupante es que ya nadie se sorprende. Grupos fuera del poder denuncian la concentración como un peligro; Quien llega al poder lo defiende como una necesidad. Y así, en lugar de avanzar hacia una cultura de equilibrio de gobernanza, continuamos reforzando una cultura de dominación.
La República Dominicana necesita comprender (y aceptar) que la descentralización no es un capricho y no debe tomarse como un freno al buen gobierno. Es una garantía de un mejor funcionamiento de la sociedad, una salvaguardia básica contra los excesos y la única manera de evitar que el Estado sea secuestrado por la voluntad de una única mayoría.
Lo que se pierde cuando se rompe el equilibrio no es un simple procedimiento o una formalidad institucional. Lo que se pierde es que la sociedad pueda decir no o participar con más poder de influencia -y ese "no" o esa recomendación se tenga en cuenta.
Independientemente de lo que piense y sienta el resto de la sociedad dominicana, la fuerza viva necesita estar consciente de lo que sucede, detener la práctica de imponer la ley y el orden a cada paso.
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