La máxima expresión de la conciencia cívica reside en la Constitución. Quien lo logra se eleva a un nivel superior de la condición humana y se convierte en un sujeto social activo que cumple con sus deberes y sabe ejercer sus derechos con respeto ilimitado a la dignidad humana y a los demás derechos fundamentales de los demás seres humanos.
Además, la Constitución es el acuerdo jurídico y político más importante de una nación. Basados en principios que organizan el Estado, garantizan la convivencia social y reconocen los derechos y libertades fundamentales y de manera inclusiva.
Cuando se respeta, la vida democrática se fortalece y las instituciones ganan legitimidad.
Los acuerdos básicos establecen las reglas del juego para el ejercicio del poder.
Ninguna autoridad está sobre él.
El Presidente, los legisladores, los jueces y otros funcionarios, incluido el pueblo común, están sujetos a sus disposiciones.
Gracias al principio de supremacía constitucional se evita la arbitrariedad y se fortalece el Estado de derecho, según señala el artículo 6 de su texto.
Por supuesto, la Carta Magna define las competencias de los organismos estatales, promueve el equilibrio entre los poderes públicos y establece mecanismos de control para evitar la arbitrariedad. La estabilidad institucional depende no sólo de la autoridad, sino del respeto a las normas de la propia constitución.
Todos debemos saber que el valor más trascendente reside en la protección de los derechos fundamentales.
La dignidad humana, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el debido proceso, la propiedad, la educación, la salud y otros derechos esenciales encuentran sus principales garantías en la Constitución.
