Santo Domingo.- La Organización de Empresas Comerciales (ONEC) rechazó la modificación en el Senado de la Ley General de la República sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos (Ley 225-20).
La agencia dijo que la porción aprobada aumenta la carga sobre el sector empresarial sin sustentar estudios técnicos o análisis de impacto económico que justifiquen su nivel.
Sostuvo que el sector comercial no había terminado de evaluar el verdadero impacto de la reforma tributaria recientemente aprobada cuando ya enfrentaba una nueva carga, esta vez en forma de aportes ambientales.
Lamenta que existe un patrón de política pública que legisla sin medida, sin consulta y sin esperar a ver qué queda de la medida anterior antes de imponer la siguiente.
"El sector comercial apoya la gestión adecuada de los residuos. Lo que no puede soportar es que cada nueva ley venga a cobrar la factura", afirma la ONEC.
La agencia se pregunta si una contribución especial, destinada a financiar objetivos medioambientales específicos, se utiliza para satisfacer las necesidades presupuestarias de los municipios.
“Cuando ese propósito se expande para atender otras necesidades, el aporte deja de ser especial y pasa a ser un impuesto oculto”, puntualizó.
La ONEC destacó que la Ley 166-03 ya establecía que los ayuntamientos deben recibir el 10% de los ingresos brutos del estado para el desempeño de sus funciones. Si este proceso es inadecuado, dijo, la corrección está en el desvío de contribuciones de naturaleza congruente y ecológica.
También criticó la forma en que se aprobó el cambio, señalando que su tramitación expedita se realizó mediante consultas a los sectores directamente afectados y careció de la consulta técnica necesaria para reformas de esta naturaleza.
