Conep cuestiona aprobación de ley por motivos de urgencia y advierte riesgos para la calidad del debate legislativo
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CNAP) criticó el uso reiterado del procedimiento de declaración de emergencia para la aprobación de proyectos de ley en el Congreso Nacional este miércoles, al considerar que esa práctica debilita el debate legislativo, limita la participación de los sectores involucrados y reduce las oportunidades de construir reformas sostenibles.
A través de un comunicado, la organización empresarial expresó preocupación por la intención de revisar mediante un procedimiento de urgencia, la Ley 225-20 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos, a través de una iniciativa presentada en el Congreso la tarde de este miércoles.
El sindicato recordó que la ley ya había sido modificada de forma acelerada en enero de 2025, un proceso que suscitó dudas en su momento y fue calificado por varios sectores como un "golpe de Estado".
"La declaración de emergencia es un poder extraordinario destinado a circunstancias excepcionales. Su uso frecuente socava el debate legislativo, limita la participación de los sectores interesados y reduce la oportunidad de construir reformas duraderas", afirmó Knepp.
La entidad sostuvo que cuando reformas complejas requieren revisiones iterativas, la respuesta no debe ser acelerar nuevamente los procesos de aprobación, sino ampliar los espacios de diálogo, consulta y análisis técnico.
"Cuando reformas complejas requieren revisiones iterativas, la respuesta no debe ser acelerar el proceso, sino comprender la necesidad de ampliar el diálogo, la consulta y, sobre todo, la discusión técnica", afirmó la agencia.
El comunicado de la principal asociación empresarial del país se produce mientras el Congreso considera una nueva propuesta para modificar la Ley 225-20, norma considerada clave para la gestión de residuos sólidos y la sostenibilidad ambiental en República Dominicana.
La posición de Konep se suma a voces que han llamado a una mayor discusión y consenso en torno a reformas legislativas de alto impacto económico y social, especialmente aquellas que afectan al sector productivo y a los proyectos de inversión.
