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Reymundo Mejía, juez que envió caso Jet Set a juicio de fondo

Panorama de la Justicia. El juez primero de instrucción, Raymundo Mejía, a cargo del caso Jet Set, envió a juicio a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, quienes están acusados ​​de homicidio involuntario por la muerte de 236 personas al desplomarse el techo de la discoteca.

Nacido en La Romana el 6 de enero de 1981, Mejía Zorilla es Licenciado en Derecho por la Universidad Central del Este (UCE), título obtenido en 2003. Su formación académica incluye estudios de posgrado en derecho laboral y seguridad social, así como especializaciones en derecho procesal penal, derecho constitucional y derechos humanos.

Además, realizó una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) entre 2008 y 2010.

Antonio y Maribel Espaillat, acusados ​​de homicidio involuntario por el derrumbe del techo del jet set que mató a 236 personas.

Antes de ingresar a la Judicatura, realizó el Programa de Aspirante a Defensor Público en la Escuela Nacional de la Magistratura en el año 2007 y posteriormente asistió al Programa de Especialización en Asuntos Penales y Constitucionales de la Universidad de Costa Rica.

Su carrera dentro del poder judicial inició el 5 de agosto de 2016 como Juez de Paz en el Municipio de Paraíso. A los pocos meses fue trasladado al Juzgado de Instrucción de Monte Plata y, posteriormente, a la Juez Coordinadora del Juzgado de Instrucción de Ciudad Nueva.

En octubre de 2018 pasó a formar parte de la Primera Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Posteriormente, el 3 de enero de 2022, fue ascendido a Juez del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, cargo que ocupa actualmente.

Desde esa posición, los magistrados son responsables de las decisiones relacionadas con una de las fases más relevantes del proceso judicial asociado a los casos del jet set.

Este lunes, Mejía admitió que hubo negligencia por parte de los dueños de la discoteca y que la tragedia se pudo haber evitado; Sin embargo, explicó que no existe en el derecho dominicano un concepto jurídico de posible fraude, por lo que rechazó calificar el caso como homicidio voluntario.

Redacción - ACN

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