El Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional decidirá mañana quiénes acudirán y quiénes no al antejuicio de varios exfuncionarios del último gobierno de Danilo Medina, acusados de corrupción administrativa en el llamado caso "Calamar".
La jueza Altagracia Ramírez ha programado una audiencia para mañana por la tarde para leer el veredicto, para evaluar si los 34 imputados físicos y 13 empresas vinculadas pasarán a juicio de fondo.
El propósito de la etapa preliminar no es determinar culpabilidad o inocencia absoluta, sino verificar si el Ministerio Público cuenta con evidencia válida y con peso suficiente ("probabilidad de opinión") para abrir un debate público formal.
El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), elaboró un grueso expediente que involucraba más de 19.000 millones de pesos en presuntas estafas al Estado, apropiaciones de tierras, cobros ilegales a bancos de loterías y financiamiento de campañas.
Los principales imputados son los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo. Como cabecera de las principales instituciones de la estructura (Hacienda, Administración de la Presidencia y Obras Públicas), el Ministerio Público ha concentrado sus mayores esfuerzos en proteger evidencias de su supuesta autoría o coalición de funcionarios.
No tener lugar para esta figura central descartaría el núcleo de toda la investigación, un escenario poco probable dadas las presiones institucionales y sociales y los precedentes de otros casos de corrupción como Antipulpo y Medusa.
Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector del Catastro Nacional, figuran como miembros centrales de la red.
Según el Ministerio Público su firma y aprobación era el instrumento necesario para valorar los terrenos declarados de utilidad pública y comprobar irregularidades.
Los abogados de varios de los involucrados, entre ellos Gonzalo Castillo y el abogado Angel Lockward, centraron sus discursos de cierre en que el Ministerio Público utilizó peritajes realizados por personas no habilitadas legalmente, alegando que los presuntos informes no fueron elaborados por contadores públicos ni abogados y que se violó la garantía constitucional sobre la recolección de pruebas.
Si el juez determina que alguna prueba clave para un acusado en particular se obtuvo en violación del debido proceso, esa prueba se excluye. Sin pruebas secundarias, el acusado puede verse perjudicado de todos modos.
