Un crimen de 41 años que la justicia dominicana no ha resuelto
Santo Domingo.- El asesinato del banquero Héctor Méndez y su chofer Napoleón Reyes el 4 de enero de 1985, sigue siendo uno de los misterios que la justicia y la policía dominicana no han podido resolver, a 41 años del trágico suceso, que fue considerado un crimen de Estado.
Se trata de un caso que, al parecer, ni las autoridades pasadas ni las actuales han estado interesadas en resolver, pues al menos se ha establecido con precisión quiénes fueron los autores materiales, aunque no los intelectuales.
El caso aparece en una larga lista de los 50 crímenes más sonados sin resolver por las autoridades en los últimos 50 años, pese a la gravedad de cada uno de ellos y el impacto que tuvieron en la sociedad de la época.
Méndez, famoso casacambista durante el gobierno del Dr. Salvador Jorge Blanco, y su chofer Napoleón Reyes, fueron secuestrados frente al Palacio de la Policía Nacional y posteriormente asesinados el 4 de enero de 1985, y sus cuerpos fueron encontrados varios días después cerca del sector Los Friles.
En aquella oportunidad, el doctor Marino Vinicio Castillo responsabilizó del caso al entonces presidente de Salvador Jorge Blanco y a varios funcionarios civiles y militares de su gobierno. La versión ofrecida en aquella ocasión fue que lo mataron porque era el responsable del alza de las primas en dólares de la época.
A 19 años del hecho, José Alejandro Vargas, entonces juez del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional y hoy magistrado del Tribunal Constitucional (TC), envió a un juzgado penal al suspendido teniente policial Uladislao Batista (El Hippy) como principal autor del crimen, pero ni las autoridades pasadas ni las actuales lo han detenido.
Otros implicados en el expediente son Juan Bautista Peguero Santana (Mayo), asesinado a tiros durante un tiroteo con policías que perseguían a un grupo de bandidos en Guachipita; Daniel Jorge Infante (El Karateca), fallecido en 1991, Rafael Vargas Cruz (Rafaelito Boca de Cueva), Pedro Alejandro García Berry, asesinado a tiros en Nueva York en junio de 1996, y Pedro Antonio Sánchez Díaz, miembro del llamado "Comando de la Libertad".
Entre los prófugos permanentes se encuentra el teniente suspendido de la policía Uladislao Rodríguez Batista (El Hippy), acusado de ser el principal autor del crimen, quien logró escapar de la prisión permanente activa tras un fallo judicial emitido por el juez Vargas.
Bautista Rodríguez (El Hippy) vive en Estados Unidos desde 2007, lejos del brazo efectivo de la justicia dominicana que le permitió salir del país tras el fallo del juez Alejandro Vargas en su contra y otros.
Dicho imputado salió del país el 21 de marzo de 2007 a las 13:15 horas. en el vuelo 618 de American Airlines con destino a la ciudad de Nueva York.
Su salida se produjo luego de que el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, citara al Ministerio Público para presentar las pruebas incriminatorias que allanaran el camino para la promoción de un juicio de fondo por el delito.
En aquella ocasión, la Fiscalía informó que se encontraba "investigando su paradero", aunque le permitió salir libremente en la fecha señalada.
Tras la apertura del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, el fiscal adjunto Francisco José Polanco envió una comunicación a su presidenta, Alina Mora de Mármol, informándole que la Fiscalía contrataría un nuevo investigador para estudiar el expediente contra Bautista Rodríguez (El Hippy).
La comunicación fue enviada al juez Mora de Mármol, justificando el nuevo plazo porque el fiscal que estaba a cargo del proceso de liquidación fue trasladado a la provincia de Santo Domingo.
En octubre de 2006, el juez Vargas, que investigó el caso, describió como actualmente demasiado difícil determinarlo aparte de los lugares en cuestión.
El Magistrado denunció que su competencia se limitó al ámbito de la investigación de acciones penales de carácter penal, tras la entrada en vigor de la Resolución 1920-03 sobre medidas anticipadas, dictada por la Corte Suprema de Justicia, que trata de los principios que rigen el nuevo procedimiento penal.
Como consecuencia de la decisión, el caso pasa a la Presidencia de la Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia de la DN, quien deja sin efecto el expediente y recae en el citado tribunal colegiado.
El caso Héctor Méndez es considerado un reflejo de la "estructura mixta" (delitos comunes vinculados a militares y policías) de impunidad que prevaleció durante la transición política del país en los años 1980.
