Según PLD, los puertos secos perjudican a los comerciantes fronterizos
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó hoy la implementación de un proyecto de puerto seco en la frontera dominicano-haitiana, al considerar que la iniciativa amenaza el comercio tradicional que, durante décadas, ha proporcionado el sustento a miles de familias locales.
En febrero pasado, mediante el Decreto 166-26, el Ejecutivo ordenó la construcción de una red de puertos secos bajo gobernanza de zona franca y centros logísticos a lo largo de la frontera con una inversión de $300 millones del sector privado.
La disposición declara de alto interés nacional la construcción y operación de puertos secos en la zona y plantea objetivos legítimos como mandatos comerciales, fortalecimiento regulatorio y desarrollo de infraestructura logística.
El grupo morado considera que este cambio en la dinámica económica del lugar mencionado bajo el pretexto de "modernización" puede significar el desplazamiento de actores económicos y la concentración del comercio en unas pocas manos.
"El comercio dominicano-haitiano no ha sido construido por grandes corporaciones multinacionales o élites económicas alejadas de las realidades fronterizas", dijo Iván Lorenzo, quien actuó como portavoz en la conferencia de prensa general del PLD el lunes.
Sostuvo que, por el contrario, fue construido durante décadas por el esfuerzo diario de miles de comerciantes, transportistas, productores y pequeños empresarios de las provincias fronterizas, quienes con el tiempo han podido desarrollar uno de los mercados bilaterales más dinámicos del Caribe.
“Este tejido económico constituye una importante economía social de frontera que nos ha permitido mantener empleos, ingresos y estabilidad en comunidades históricamente abandonadas por el Estado”, considera el PLD.
Lorenzo indicó que más de 13 mil comerciantes dependen directamente de la movilidad comercial fronteriza, lo que afecta indirectamente a más de 100 mil personas entre familias, transportistas, trabajadores informales, productores agrícolas, proveedores y pequeños comercios locales en las provincias de Jimaní, Elías Pina, Dajabón y Pedernales.
Particular preocupación manifestó por el artículo 5 del citado decreto, que establece que cualquier empresa comercial que desee ser autorizada para operar los llamados puertos secos deberá cumplir con múltiples requisitos en materia de infraestructura de transporte, capacidades operativas, plataformas tecnológicas y servicios ambientales, así como construir y desarrollar una terminal terrestre intermodal.
"La realidad es que estas demandas técnicas, financieras y operativas son prácticamente imposibles de cumplir para la mayoría de los comerciantes tradicionales", añadió.
