Panorama Nacional.— La Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana advirtió sobre riesgos institucionales, económicos y de confianza de los inversionistas por la paralización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del proyecto Romero en la provincia de San Juan.
La entidad señaló que el cierre de este proceso técnico limita los análisis necesarios para asegurar que las actividades mineras se realicen bajo estrictos estándares ambientales, lo que, según ella, debilita la institucionalidad en lugar de fortalecerla.
Llame para especificaciones técnicas
CAMIPE destacó que las decisiones sobre proyectos de alto impacto deben basarse en la evaluación técnica, el cumplimiento legal y el respeto al debido proceso, advirtiendo que tales medidas podrían afectar la percepción de seguridad jurídica y estabilidad del país entre los inversionistas.
crecimiento del sector
El gremio recuerda que el sector minero dominicano creció un 7,7% en el primer trimestre de 2026, consolidándose como un motor clave de la inversión, el empleo y el encadenamiento productivo.
La necesidad de nuevas leyes
Ante este escenario, la organización reiteró la necesidad de aprobar una nueva ley minera que establezca reglas claras, garantice la transparencia, fortalezca el control ambiental y promueva la participación social efectiva.
Indicó que el debate minero no debe presentarse como un conflicto entre desarrollo económico y protección ambiental, sino como una oportunidad para integrar un modelo sustentable.
Apertura del diálogo
CAMIPE agradeció el deseo de diálogo expresado por el presidente Luis Abinadar y reiteró su disposición de aportar conocimiento técnico en un proceso inclusivo que integre a comunidades, autoridades, expertos y el sector productivo.
“La República Dominicana no debe elegir entre desarrollo y protección ambiental, sino avanzar hacia una minería responsable, tecnológicamente evaluada y socialmente dialogada”, concluyó la entidad.
