Panorama Nacional. El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidore) informó que durante el periodo enero-marzo de 2026 logró gestionar devoluciones por RD$125,210,193.89 a favor de consumidores afectados por irregularidades en contratos de compra de bienes y servicios, reiterando su papel como garante de los derechos de los consumidores.
El director ejecutivo de la entidad, Eddie Alcántara, destacó que estos resultados reflejan un crecimiento sostenido tanto en la eficiencia del proceso de mediación como en la confianza pública en el proceso de denuncia institucional.
"Hoy tenemos un consumidor más consciente de sus derechos y una organización más ágil a la hora de responder. Esto se traduce en soluciones reales y dinero que vuelve al bolsillo de la gente", revela.
Según el informe, en el primer trimestre del año se registraron 1.484 casos, de los cuales cerca del 90% se resolvieron mediante acuerdos transaccionales, evitando así largos y costosos procesos judiciales para las partes involucradas.
Las principales causas de reclamos incluyen daños a la propiedad, incumplimiento de servicios, fallas en electrodomésticos, disputas relacionadas con incumplimiento de compras de vehículos, garantías, devoluciones, cargos indebidos y publicidad engañosa.
Destacó que cada compromiso representa no sólo una solución individual, sino un avance de una cultura de respeto a los derechos de los consumidores.
"Cada acuerdo exitoso es un conflicto menos y una señal clara de que el sistema funciona en beneficio de los ciudadanos. Este es el eje central de nuestro trabajo", afirmó.
El funcionario reiteró que el organismo continuará fortaleciendo sus programas de vigilancia de mercado, educación al consumidor y orientación ciudadana, encaminados a reducir las malas prácticas comerciales y consolidar un ambiente más justo y transparente.
Dijo que estas acciones son parte del cumplimiento de la Ley 358-05, que regula la protección de los derechos de los consumidores en República Dominicana y que establece mecanismos claros para la defensa efectiva de los usuarios contra abusos o incumplimientos en el mercado.
