Camipard propone actualizar ley minera para superar “cuello de botella” y asegurar el 5% a las comunidades – ACN (República Dominicana)

ACN Santo Domingo. – La Cámara de Minería y Petróleo de República Dominicana (Campard) plantea la necesidad de actualizar la Ley Minera 146-71 para superar los obstáculos administrativos que afectan al sector y garantizar que el 5% de los beneficios vayan directamente a las comunidades donde operan los proyectos.

Durante la visita del director de ACN el presidente de la Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana, Pedro Esteva, junto al director ejecutivo Martín Valerio, Percio Maldonado Sánchez, explicaron que las regulaciones actuales, de más de cinco décadas de antigüedad, se han convertido en un "obstáculo" para atraer restricciones y limitaciones a la inversión.

Fortalecer las instituciones para eliminar los "cuellos de botella".
Indicaron que uno de los principales problemas es la falta de coordinación entre instituciones, lo que genera duplicidad de procesos, inseguridad jurídica y largos tiempos de respuesta. Su enfoque se basa en lo que describen como una "desconexión" entre la Ley de Minería de 1971 y la más reciente Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

"El nuevo proyecto de ley fortalecerá las instituciones en el sentido de que la ley minera en sí será una ley minera y no tendrá esas disposiciones ambientales", dijo Martín Valerio.

Valerio explicó la importancia de las habilidades administrativas para crear políticas donde prevalezca la continuidad del Estado, de cara al plan Meta 2036 que busca duplicar el Producto Interno Bruto.

En ese sentido, Pedro Esteva señaló que el aporte de la minería fue de mil 900 millones de dólares en 2025 y se espera que sea de 5,4 mil millones de dólares para 2036.

Según datos de un documento institucional, las solicitudes de búsqueda pueden tardar más de 600 días, mientras que 287 solicitudes de búsqueda y 103 solicitudes de explotación están en proceso.

Según ellos, esto muestra la necesidad de establecer reglas claras, plazos definidos y criterios técnicos que reduzcan la discrecionalidad, es decir, el poder legal que tienen las autoridades para elegir entre diferentes opciones permisibles a la hora de tomar decisiones, lo que, afirman, aumentará la transparencia y "creará valor adicional más allá de la financiación".

Beneficios reales para la comunidad

El sindicato propuso que el 5% de los ingresos mineros se transfiera directamente a las comunidades para evitar el poder administrativo y asegurar su impacto en servicios como carreteras, agua, energía y vivienda.

“Tal como están redactados los acuerdos, el gobierno tiene el poder de decidir cuánto de estos ingresos mineros se invertirá en las distintas provincias”, declaró Esteva, agregando que la disposición está en la ley ambiental y no en la ley minera.

"El dinero generado debe invertirse directamente en las comunidades", afirmó Pedro Esteva.

Indicó que, si bien la actividad minera puede elevar los costos en las zonas donde opera, el impacto en la infraestructura depende de la existencia de un marco legal que garantice la asignación de esos recursos.

"Lo importante es que la gente vea resultados en su calidad de vida", enfatizó.

Asimismo, recordó que el país es parte de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, proceso que tiene como objetivo promover la transparencia en la gestión de los ingresos de las industrias extractivas.

Agregó que el objetivo es que, al final de la vida útil de una mina, los locales cuenten con infraestructura que sustente su desarrollo.

Relaciones Comunitarias
Los comerciantes reconocen que uno de los desafíos es mejorar la comunicación con las comunidades, donde no siempre se sienten los beneficios de las actividades mineras.

Mientras las empresas crean empleos y programas sociales, la población exige un impacto más visible y sostenible, lo que afirman será posible mediante la priorización de un nuevo marco legal.

“Cuando la gente entiende que el bienestar de las minas no se refleja a través de las buenas obras sociales o la responsabilidad social de las empresas, sino a través del dinero que reciben directamente”, señaló Esteva y aclaró que su idea surgió de una conversación con los religiosos de la comunidad, integrando que deben ser administrados con los fondos que recibe el gobierno dominicano.

La minería como eje estratégico
Los industriales mineros han planteado el tema que debe ser incluido en el diálogo nacional, considerando que su desarrollo está respaldado por la Constitución y vinculado a la política pública del Estado.

En ese contexto, se señaló que los recursos minerales disponibles en el país -como níquel, cobre y tierras raras- colocan al sector en una posición relevante dentro de la discusión de modelos económicos y productivos.

Manifestaron además que el sector puede desempeñar un papel en la generación de ingresos y provisión de insumos necesarios para diversas actividades económicas, de ahí que su inclusión en el debate nacional responde a su potencial impacto en el desarrollo y la diversificación productiva del país.

Exportaciones y diversificación económica

En materia de exportaciones, Esteva destacó a Haití como el principal socio comercial de República Dominicana en marzo, con exportaciones que alcanzaron los 129 millones de dólares a pesar del complicado contexto sociopolítico del país vecino.

De manera similar, en términos de la estructura exportadora nacional, la minería representó el 19% del total de los envíos realizados en marzo, compartiendo predominio con el tabaco, la manufactura de zonas francas y la manufactura agrícola.

Sin embargo, los representantes de Camipard enfatizaron en fortalecer la diversificación económica para evitar la dependencia de sectores específicos. En este sentido, resaltaron que el dinamismo exportador debe estar sustentado en un equilibrio estratégico entre la industria extractiva y el fortalecimiento de los demás sectores productivos del país.

Camipard propuso que la minería sea parte de una estrategia nacional junto con el turismo, la agricultura y las zonas francas.

Señalan que la migración a las grandes ciudades se reduce si las zonas mineras cuentan con empleo, servicios e infraestructura.

Los ejecutivos de Camipard dicen que actualizar la ley es clave para equilibrar el crecimiento económico, la sostenibilidad y el bienestar social.

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ACN