Ruidos por alquiler de vivienda y salida de funcionarios

Panorama Nacional. A menos de tres meses del nombramiento del agricultor Francisco Oliverio Espaillat Bencosmey como ministro de Agricultura, la institución se ha visto plagada de salidas de funcionarios, denuncias de irregularidades y cuestionamientos sobre la gestión administrativa que han alarmado al sector público.

Aunque inicialmente se dijo que varias de las salidas eran renuncias voluntarias, el propio funcionario sostuvo posteriormente que se trataba de despidos, una contradicción que añade más incertidumbre sobre la situación interna del ministerio.
Dimisión por cargos graves
Uno de los casos más sensibles es el de Eduardo Francisco Marte, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Construcción y Reconstrucción de Caminos Barrios y presentó su renuncia el pasado 30 de marzo.
En su carta, Marte dijo haber sido "insultado verbalmente, maltratado y faltado al respeto" por parte del ministro en presencia del viceministro de Producción y Comercialización, Juan Antonio Gómez.
Pero la acusación más grave apunta a supuestas irregularidades en la asignación de obras públicas. Según Marte, le ordenaron canalizar obras por un valor aproximado de RD$800 millones a través de una empresa vinculada a un ingeniero conocido sólo como Saldaña, sin cumplir con los procesos de licitación establecidos en la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.
El exfuncionario aseguró que tiene el listado de organismos para realizar los trabajos, lo que, afirmó, va en contra de la ley y los principios de transparencia en la administración pública.
Falta de intervención y control administrativo
Otra renuncia notable fue la de Adri Valentín Núñez Monegro, encargado de transporte, quien renunció el 9 de abril alegando incapacidad para desempeñar sus funciones.
En su comunicación, condenó las injerencias externas en las áreas bajo su responsabilidad, en particular en el reclutamiento, control y retiro de vehículos sin coordinación ni claridad en las competencias.
"El papel se ha vuelto meramente nominal", advirtió, añadiendo que la situación violaba principios básicos de organización, control administrativo y transparencia.
Ambiente de trabajo "hostil"
Ese mismo día también renunció Jesús Manuel Pimentel Bencosme, jefe del departamento jurídico, que llevaba poco más de un mes en el cargo.
El exfuncionario atribuyó su salida a un "ambiente laboral hostil", con denuncias de acoso, faltas de respeto y reiteradas violaciones al debido proceso, lo que, explicó, imposibilitaba el desempeño de sus funciones conforme a los estándares legales.
Sin embargo, en un giro interesante, el ministerio emitió un comunicado oficial el mismo día anunciando su cancelación "por conveniencia del servicio", reforzando la controversia sobre la naturaleza de la salida.
Cancelaciones y cambios administrativos
En la lista de despidos también figura el director administrativo Luis Rodolfo Pérez Suárez, quien fue despedido el 9 de abril por la misma causal de "beneficio de servicio".
Comunicados oficiales firmados por la directora de Recursos Humanos, Marina Yolanda Espinal Tobal, limitaron el trámite de salida sin mayores explicaciones, una práctica común en la administración pública, pero que ha sido cuestionada en este contexto.
Decisión administrativa bajo investigación
Paralelo a esta salida, el Ministerio de Agricultura emitió la Resolución RES-MARD-2026-17 el 13 de marzo, que autoriza el alquiler de una casa institucional para uso del Ministro.
El documento establece que este no es un beneficio individual, sino una medida operativa.
El mismo día, mediante resolución RES-MARD-2026-19, se ordenó reactivar el Comité de Ética Institucional, encargado de promover la transparencia, prevenir conflictos de intereses y fortalecer la integridad en la gestión pública.
¿Conflicto entre discurso y práctica?
La coincidencia entre la reactivación del comité de ética y las denuncias de irregularidades, conflictos de intereses y violaciones al proceso legal genera una evidente tensión entre el discurso institucional y la realidad denunciada por los ex funcionarios.
Aunque el ministerio promueve oficialmente los valores de ética y transparencia, las cartas de renuncia describen un escenario caracterizado por presiones, decisiones discrecionales y falta de cumplimiento de las normas legales.




