EL AUTOR es un exadministrador del Banco de Reservas. exministro de Hacienda de la República Dominicana y actual miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Reside en Santo Domingo
Por DANIEL TORIBIO
Con la escalada de los precios del petróleo por los conflictos en el Medio Oriente, parte del debate público se queda en la superficie. Se habla del precio de la gasolina, del subsidio semanal o de si el Gobierno resistirá sin hacer ajustes. Pero el problema es más amplio. El petróleo caro no se queda en la bomba. Se filtra en toda la economía y golpea por varios canales al mismo tiempo.
El primero es el transporte local. En una economía importadora y dependiente del transporte terrestre como la dominicana, el alza del crudo encarece el movimiento de mercancías, la distribución de alimentos, el traslado de insumos y la operación del aparato productivo. Ese aumento de costos no se detiene en las estaciones de combustible. Se transmite a lo largo de la cadena y termina presionando el precio final de bienes y servicios.
El segundo frente son los fletes internacionales. Cuando sube el petróleo, aumentan los costos del transporte marítimo y de la logística global. Para un país que importa combustibles, materias primas, alimentos y bienes intermedios, esa presión implica pagar más por sus importaciones esenciales. El encarecimiento no viene solo por el valor del crudo, sino también por el costo adicional de mover el comercio mundial.
El tercer canal es la cadena de suministro. En un entorno tenso, con conflictos, desvíos de rutas, mayores primas de seguro y cuellos de botella logísticos, el efecto del petróleo caro se amplifica. Ya no se trata solo de un combustible más costoso, sino de demoras, sobrecostos, incertidumbre y presiones sobre inventarios, tiempos de entrega y planificación empresarial.
El cuarto frente es la electricidad. Aunque la matriz energética ha cambiado, el sistema sigue expuesto al costo de los combustibles fósiles. Si sube el petróleo, aumentan las tensiones sobre la generación eléctrica y las transferencias que el Estado debe hacer para evitar ajustes bruscos en las tarifas o un mayor deterioro financiero del sector.
Ahí entran los subsidios. El Gobierno los presenta como protección al consumidor. En parte lo son. Pero también revelan que el problema no desapareció. El costo simplemente cambió de lugar. En vez de pagarlo el consumidor en la bomba o en la factura eléctrica, lo asume el presupuesto público. El subsidio no elimina el choque. Lo redistribuye.
Ese traslado tiene consecuencias. Más subsidios significan más presión fiscal, menos margen presupuestario y mayor fragilidad si los precios elevados y las tensiones logísticas se prolongan. También reducen espacio para otras prioridades del gasto público.
El punto es este: en la República Dominicana, el petróleo caro no afecta un solo precio. Encarece fletes, altera la cadena de suministro, presiona la electricidad, alimenta la inflación y deteriora las finanzas públicas.
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