Edilberto Arzuaga Alcalá
LA HABANA.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos alerta sobre la delicada situación de salud en la que se encuentra el preso político Edilberto Arzuaga Alcalá, quien lleva ya 15 días en hulega de hambre en la prisión Kilo 8, en Camagüey.
Según consta en la denuncia, se teme por su vida porque las autoridades del penal lo tienen incomunicado, e incluso se le le niega su derecho a recibir visitas.
Arzuaga Alcalá fue detenido el 6 de octubre del año pasado y hasta la fecha no tiene petición fiscal ni fecha de juicio.
El miembro de la Unpacu fue interceptado por un hombre vestido de civil, mientras se encontraba cerca de una esquina donde aparecen carteles antigubernamentales, los cuales filmó con su celular.
Este agente sin identificar le exigió que mostrara sus documentos y lo acompañará. Debido a que el activista se negó, el hombre llamó a un carro patrullero y los policías lo arrestaron sin explicar el motivo de la detención.
Inicialmente estuvo recluido en el centro de operaciones de la Seguridad del Estado de dicha ciudad, conocido como Villa María Luisa, ubicado en el reparto Garrido. Luego lo trasladaron a la prisión Cerámica Roja y en enero anterior, a la prisión de máxima seguridad Kilo 8.
Desde el mismo día de su detención arbitraria, el régimen se ha ensañado con Arzuaga Alcalá y ha violado sus más elementales derechos humanos.
«Estos actos de represión y hostigamiento buscan silenciar y controlar a los prisioneros políticos, aumentando su sufrimiento y vulnerando sus derechos», de acuerdo con un comunicado de la organización Cubalex en enero pasado.
Alain Espinosa, abogado de Cubalex, declaró entonces a ADN Cuba que «la detención a todas luces fue arbitraria e ilegal puesto que no se realizó conforme a lo establecido por ley y además responde a una clara discriminación por motivo de la opinión política”.
“Me parece importante destacar además, que el tratamiento que se le está dando dentro del sistema penitenciario constituye una forma de tortura y trato cruel, inhumano y degradante, expresamente prohibido tanto en la Constitución nacional como en el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos», subrayó Espinosa.
Fuente: @ADNCuba
ACN
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