“No hemos tenido problemas en la apertura de mesas y tampoco en el tema de falta de material electoral (…). No hemos tenido ningún reporte de una mesa no abierta”, informó a medios locales el vocal del TSE Gustavo Ávila.
Por su parte, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo una primera evaluación positiva de la organización y la participación ciudadana en las elecciones judiciales que se celebran este domingo de forma parcial en el país andino.
«Desde el punto de vista de la organización electoral, de cómo se está desarrollando, de que la ciudadanía está asistiendo en un número bien importante y está ejerciendo su derecho al voto, yo diría que la evaluación a esta hora es positiva», dijo el jefe de la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Edison Lanza.
El TSE informó que la primera media jornada de las elecciones judiciales se desarrolló con «tranquilidad».
Según las normativas electorales, la apertura de mesas comienza a las 8:00 (12:00 GTM) y deben estar habilitadas durante ocho horas continuas.
No obstante, en caso de que haya votantes que lleguen después de las 16:00 (20:00 GTM) los jurados electorales deben recibir su documento de identificación y permitir su voto.
Los medios bolivianos informaron sobre largas filas de ciudadanos, en diferentes regiones de Bolivia, para tramitar su certificado de impedimento de votación, en especial las personas que están en tránsito para llegar a ciudades donde residen quienes están enfermos.
La Constitución vigente desde 2009 establece la elección por voto popular de los jueces de estas cortes con candidatos previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
Por un fallo constitucional, en esta ocasión los comicios se realizaron íntegramente solo en La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca, mientras que en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no podrán elegir a los jueces del TCP y en los dos primeros departamentos tampoco votaron por los candidatos al TSJ.
El mandato de los jueces elegidos en 2017 debía terminar a principios de este año, pero en diciembre de 2023 el TCP decidió ampliarlo alegando que se buscaba evitar un «vacío de poder» a falta de las elecciones que no pudieron efectuarse en 2023 por problemas en el Legislativo y numerosas causas judiciales que frenaron varias veces el proceso.
