Cómo California se está blindando para hacer frente a las políticas de Trump

El objetivo: discutir opciones y aumentar los fondos para potenciales litigios con la nueva administración en cuestiones como la protección a los inmigrantes, los derechos reproductivos y LGBTQ+, o la lucha contra el cambio climático.

La respuesta del presidente electo no se hizo esperar. Usando su apodo favorito para el gobernador, Newscum —un juego de palabras con su apellido y “escoria” en inglés—, y haciendo un guiño a su propio lema de campaña, lo acusó de entorpecer “todas las grandes cosas que se pueden hacer para que California vuelva a ser grande”.

Los líderes de este estado del suroeste del país llevan años presentándolo como un baluarte contra el extremismo de derecha, y Newsom en particular se ha posicionado a nivel nacional como uno de los críticos más acérrimos de Trump.

Hay quien señala que en realidad está allanando su camino hacia la candidatura demócrata para la presidencia de 2028.

Aunque si hay alguna entidad que pueda ser el contrapeso de una “trifecta de poder” republicana —como en la jerga política de Washington se denomina al escenario en el que el partido del presidente también controla ambas cámaras del Congreso–, esa es California.

No solo porque, con sus casi 39 millones de habitantes, es el estado más poblado del país.

También debido al tamaño de su economía —se calcula que si fuera una nación, sería la quinta economía del mundo—, que puede sacudir mercados y tiene así la capacidad de influir en la política nacional.

Es, además, el estado que más ataques ha recibido de Trump y sus aliados, y el que probablemente, en vista de las promesas electorales, más tiene que perder.

No hay más que fijarse en las potenciales consecuencias que tendría para California “la mayor deportación de la historia de EE.UU.” que promete Trump.

Ya en la noche electoral, nada más saberse ganador, Trump adelantó que en su segundo mandato se guiará por un lema simple: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.

Y esta semana confirmó —en mayúsculas, en su red social Truth Social— que prevé declarar la emergencia nacional y movilizar tropas para devolver de forma masiva a inmigrantes indocumentados a sus países de origen.

California es el hogar de más de 10 millones de personas nacidas en el extranjero, incluidos unos 1,8 millones sin un estatus legal, según datos del 2022 del centro de investigación Pew.

También es el segundo estado, por detrás de Nevada, que alberga a más familias con miembros con situaciones migratorias mixtas; en las que, por ejemplo, los hijos son ciudadanos estadounidenses por nacimiento mientras uno u ambos progenitores no tienen papeles.

Hay más de seis millones de hogares con esas características en EE.UU., cerca del 5% del total. Y aproximadamente 4,4 millones de niños nacidos en el país viven con algún pariente sin permiso de residencia, de acuerdo a Pew.

Ante ese panorama, una deportación masiva no solo sería un drama humano, advierten los expertos, sino también un batacazo para la economía. Y es que hay sectores que dependen en gran medida de la mano de obra indocumentada, como la construcción o la agricultura.

En ciertas zonas de California, estado conocido como el granero de EE.UU. porque produce un tercio de las verduras y tres cuartas partes de las frutas del país, los trabajadores sin papeles pueden llegar a ser el 70% de la fuerza laboral.

Así, hace años que el estado empezó a consagrar protecciones para inmigrantes indocumentados.

En 2017, el entonces gobernador Jerry Brown firmó la Ley de los Valores de California (SB 54), que prohíbe a las fuerzas policiales estatales y locales colaborar con las fuerzas federales en cuestiones migratorias.

Y ahora, a la espera de que el Congreso en Sacramento decida otro tipo de refuerzos en la sesión del 2 de diciembre, varias ciudades californianas ya empezaron a tomar sus propias medidas.

El Ayuntamiento de Los Ángeles respaldó este martes una ordenanza para convertir a la segunda mayor urbe del país en una “ciudad santuario”. Lo hizo por unanimidad, pero debido a que el proyecto se enmendó durante la sesión del consejo, requiere de una segunda votación.

Presentada en 2023, la ordenanza tiene como objetivo servir de cortafuegos entre las autoridades federales de migración y las agencias de la ciudad.

De acuerdo a la misma, los empleados municipales no pueden “investigar, citar, arrestar, retener, transferir o detener a ninguna persona” con el propósito de hacer cumplir la ley de inmigración, a excepción de casos en los que se estén investigando delitos graves.

Tampoco les está permitido recopilar información sobre la ciudadanía o el estatus migratorio de alguien, a menos que sea necesario para brindar un servicio municipal.

“Evitará que las agencias federales de inmigración accedan a las instalaciones de la ciudad y que echen mano de los recursos municipales”, le dijo la concejal Nithya Raman a la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU.

Y en San Francisco, que en su día demandó a la primera administración Trump por sus esfuerzos para presionar a la policía municipal para que ayudara en la detención de migrantes, el fiscal David Chiu adelantó que planea volver a “usar todas las herramientas legales para defender la ciudad”.

Aunque Tom Homan, a quien Trump eligió como su “zar de la frontera”, ya advirtió que ese tipo de leyes y medidas locales no frenará a la administración en su cometido.

“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News quien, tras ser policía en Nueva York, fungió como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En esa línea, el fiscal general del estado, Rob Bonta, reconoció que, si bien el gobierno de California puede brindar asistencia legal y garantizar el debido proceso, los funcionarios estatales no tienen poder directo para proteger de la deportación a quienes se encuentran en el país de forma irregular.

Mientras, la Junta Escolar de Los Ángeles amplió el concepto de santuario para amparar no sólo a los estudiantes inmigrantes, sino también a la comunidad LGBTQ+ del segundo mayor sistema docente del país.

Y es que se teme que Trump y los republicanos puedan tratar de revertir las protecciones para los residentes transgénero del estado.

Previéndolo, ya en julio el gobernador Newson firmó una ley que prohíbe a los distritos escolares obligar a los docentes a notificar a los padres si los alumnos les piden que los llamen por un nombre o pronombre distinto al asignado.

Eso ha llevado al estado a involucrarse en una serie de batallas con los distritos controlados por juntas conservadoras, y los expertos adelantan que es posible que los líderes republicanos quieran intervenir, algo que también podría ocurrir en materia de derechos reproductivos.

Aunque hacia el final de la campaña Trump suavizó su postura frente al aborto, su base más conservadora critica que California haya enmendado su Constitución estatal para consagrar ese derecho, después de los votantes así lo aprobaran.

Y también se oponen a los esfuerzos de Newson para que se provean servicios de salud reproductiva a mujeres procedentes de estados donde la interrupción del embarazo está prohibida o muy restringida.

Asimismo, la agenda de Trump para el medio ambiente —confirmada con la elección de Christ Wright, un firme defensor de la industria de los combustibles fósiles y negacionista de la crisis climática, como secretario de Energía—, podría amenazar las políticas de California que durante décadas han ayudado a marcar el ritmo para el resto del mundo, como las normas estatales para las emisiones de los vehículos.

Existe además el precedente del primer mandato de Trump, cuando revocó más de 100 regulaciones que tenían como objetivo un aire y un agua más limpios, el control de químicos tóxicos y la conservación de la vida silvestre.

Asimismo, el republicano tachó de “engaño” el calentamiento global y retiró a EE.UU. del Acuerdo de París, cuyo fin es impedir que las temperaturas globales aumenten más de dos grados celsius respecto a las preindustriales.

A sabiendas de ello, el gobernador Newson viajó la semana pasada a Washington para reunirse con funcionarios clave de la administración Biden-Harris.

Pero lo hizo sobre todo para presionar a la Agencia de Protección de Medioambiente (EPA, por sus siglas en inglés) para que dé luz verde a ocho normas pendientes de aprobación en esa materia, para que el aún presidente las pueda firmar antes del 19 de enero y así entren en vigor.

Entre tanto, otros líderes demócratas de California, incluido el fiscal general Bonta, llevan semanas urdiendo la estrategia para blindar al estado ante potenciales órdenes ejecutivas y demás acciones del futuro gobierno republicano.

“Si Trump no infringe la ley, si no viola la Constitución, si no se extralimita en su autoridad valiéndose de vías ilegales, no habrá nada que tengamos que hacer”, le dijo Bonta al diario Los Angeles Times.

“Pero si hace lo que hizo la última vez, y si hace lo que el Proyecto 2025 sugiere que hará, claro que nos veremos las caras en los tribunales, porque estará infringiendo la ley”, zanjó.

Durante el primer mandato del republicano, el entonces fiscal general de California, Xavier Becerra, demandó a la administración Trump más de 100 veces.

Con el aumento de la polarización política, en los últimos años, los estados han echado cada vez más mano de ese recurso, y cada vez con mayor éxito.

De acuerdo a una base de datos creada y mantenida al día por Paul Nolette, politólogo de la Universidad de Marquette (Milwaukee, Wisconsin), los fiscales generales republicanos de varios estados han interpuesto en torno a 60 demandas contra la administración Biden, ganando un 76% de ellas.

Y durante la primera administración Trump, los fiscales estatales demócratas ganaron el 83% de los 160 litigios emprendidos contra el gobierno federal.

Erwin Chemerinsky, decano de la Escuela de Leyes de la Universidad de California, Berkeley, espera que el escenario se repita en parte.

“Los tribunales ahora son más conservadores que cuando Trump asumió el cargo en 2017, y creo que esta administración será más agresiva a la hora de impulsar la agenda conservadora, y lo hará antes”, le dijo a The New York Times.

“Aunque también los estados responderán de forma más agresiva desde el principio”, añadió.

Eric Schickler, codirector del Instituto de Estudios Gubernamentales de esa misma universidad californiana y autor del libro Partisan Nation, también habla de agresividad y prevé que en la segunda administración Trump la vía legal implicará desafíos nuevos.

“Hay muchas políticas federales que Trump impulsará y que pueden tener un gran impacto en el estado, y las herramientas para resistirse a ellas pueden ser limitadas, especialmente dada la voluntad agresiva de Trump de usar el poder ejecutivo«, le dijo Schickler al Los Angeles Times.

«Y luego está el hecho de que los tribunales generalmente están controlados por conservadores que tienen una visión firme del poder presidencial”.

Sea como fuera, el gobernador Newson ya ha adelantado que su estado no pretende emprender la lucha solo.