Los incendios forestales han llevado a Bolivia a una crisis ambiental sin precedentes en el país. La primera llama se prendió el 2 de junio, en el Parque Nacional Otuquis, en la región del pantanal en la frontera con Brasil, y desde entonces no ha había un solo día sin fuego y humo.
En cuatro meses se quemaron cerca de siete millones de hectáreas, una superficie equivalente a la de Irlanda, de las cuales 4,6 millones eran bosques y 2,3 millones pastizales.
Las acciones para combatir los incendios han sido insuficientes. El 7 de septiembre el Gobierno decretó emergencia nacional para viabilizar la cooperación internacional. Llegaron equipos y brigadas de bomberos de varios países y se intensificaron las acciones áreas con la contratación de aviones cisternas y operaciones de bombardeo de nubes para provocar lluvias.
El 11 de septiembre se emitió una “pausa ambiental indefinida” que prohíbe la emisión de permisos de quema y revoca las que estaban vigentes, porque en Bolivia los incendios lejos de ser accidentales son provocados con fines especulativos y agrícolas, para preparar la tierra para los cultivos y expandir la superficie de siembra.
Esta medida ha generado el rechazo de algunos sectores y el Gobierno cedió ante ellos. El 28 de septiembre, se conoció un acuerdo firmado entre comunarios del Beni y el Ministerio de Medioambiente a través del cual el Gobierno se compromete a flexibilizar el veto a las quemas a partir de la “regionalización” de la medida.
Con el fuego fuera de control y el humo invadiendo el país, el 30 de septiembre el título de la crisis ambiental subió de nivel: el Gobierno decretó “desastre nacional”, con lo que se autoriza a las instituciones públicas utilizar recursos de otras partidas sin tanta burocracia y se espera la llegada de más cooperación internacional. “Qué vamos a modificar el presupuesto si no tenemos ni un peso”, protestó la alcadesa de Cobija, Ana Lucia Reis, como muestra de la precariedad con la que se atiende la emergencia en algunos municipios del país.
Los últimos reportes oficiales dan cuenta de que en octubre el fuego seguía vivo con más de 40 incendios activos solo en el departamento de Santa Cruz, de lejos la región más afectada por las quemas.
La práctica del “chaqueo” consiste en quemar la tierra con fines agrícolas y se realiza desde hace décadas en Bolivia, pero en el último quinquenio el asunto se ha agravado llegando a consumir una media anual de 4,1 millones de hectáreas, por lo que las cifras de este año pueden llegar a duplicar el promedio anual. De los países que tienen bosques tropicales del Amazonas, este año solo Brasil supera a Bolivia en superficie quemada pero, según datos recogidos a finales de agosto, Bolivia quemó casi la mitad que Brasil cuyo territorio es 7,8 veces más grande.
En ese contexto, que aún parece difícil de resolver, la Fundación Tierra elaboró un informe en el que apunta algunas claves para entender qué hay detrás de los incendios:
El riesgo de la propagación del fuego ha sido muy alto en los últimos años debido a varios factores, como la sequía prolongada o la menor humedad de las zonas boscosas. Sin embargo, el principal factor de riesgo es el desmonte de grandes extensiones. El desmonte es mecanizado, abarca varias hectáreas por unidad agrícola y la quema es a gran escala en comparación con el chaqueo tradicional que no pasaba de una hectárea. En consecuencia, el peligro de que la quema de los desmontes arrase con los bosques es mucho mayor.
El fuego tiene muchos actores implicados y no es atribuible a un solo sector agropecuario, económico o social. Gran parte de los incendios están concentrados en las zonas de ampliación de la frontera agrícola, que se caracterizan por los conflictos y las disputas que persisten por la tenencia de la tierra, por lo cual mucha gente implicada en los desmontes y quemas no tiene derechos de propiedad reconocidos por ley. Algunos ocupan ilegalmente tierras fiscales y territorios indígenas titulados, otros poseen predios medianos y grandes, pero no tienen títulos agrarios y también existen comunidades con autorizaciones provisionales de asentamientos.
La Fundación Tierra explica que los incendios forestales están fuera de control por varios factores, entre ellos la intervención tardía, recursos humanos y materiales limitados, inaccesibilidad en algunas zonas y cuestiones relacionadas al cambio climático. “Bolivia no tiene capacidades reales para combatir incendios forestales”, señala el documento publicado y explica que cuando el fuego se propaga hacia zonas alejadas de difícil acceso, los bomberos no pueden hacer nada con los recursos limitados con los que cuentan.
La política del gobierno de Luis Arce es incentivar la ampliación de la frontera agrícola y mantener intactas las leyes que flexibilizan la protección de los bosques, señala el documento de la Fundación Tierra. También mantiene en pie la autorización de asentamientos en tierras fiscales para sectores sociales afines al gobierno nacional. Las políticas y medidas agroambientales en vigencia son la continuidad de las decisiones adoptadas desde los años 90 e impulsadas en los últimos años durante el gobierno de Evo Morales.
En Bolivia se denominan “leyes incendiarias” a un conjunto de leyes y decretos aprobados después de 2011 en el marco de los acuerdos y alianzas políticas establecidas entre el gobierno nacional, los agropecuarios de Santa Cruz y los movimientos campesinos, indígenas e interculturales aliados al gobierno de Evo Morales. Básicamente estas leyes “perdonan” las quemas y desmontes ilegales y por legalizan y promueven la expansión de la frontera agrícola. Ante la presión social por abrogar estas leyes, algunas han iniciado el proceso de derogación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Para la Fundación Tierra la ley más urgente de abrogar es la 741, que autoriza desmontes de hasta 20 hectáreas por persona para comunidades y pequeñas propiedades. “Lo más problemático es que permite desmontes en tierras de producción forestal permanente; es decir, en zonas boscosas sin potencial de uso mayor para la agricultura. A causa de esta ley, los desmontes y las quemas empeoraron en las zonas de bosques tropicales de la Amazonía y, consecuentemente, los incendios forestales se masificaron en tierras fiscales y bosques primarios”, señala el documento.
La Fundación Tierra estima que el fuego persista hasta mediados o finales de octubre, pero no será el final del desastre ambiental. Los daños ambientales y sus consecuencias negativas, como la contaminación del agua a causa de las cenizas, la contaminación del aire y la destrucción de medios de vida tradicionales de las comunidades indígenas, causando problemas de inseguridad alimentaria. “En estas circunstancias, las autoridades están obligadas a realizar una evaluación integral de los daños ambientales ocasionados por el fuego, incluyendo el inventariado de pérdidas de fauna y flora, ecosistemas y severidad de los daños causados por el fuego en las poblaciones locales”, afirma la Fundción y dice que luego se deberán realizar acciones de recuperación, mitigación de los daños y asistencia humanitaria.
Si bien se practican chaqueos desde hace muchos años, la gravedad de los incendios inició el año 2019 cuando se quemaron más de 5 millones de hectáreas en todo el país. Desde entonces, cada año las cifras han rodeado los 4 millones de hectáreas, el fuego ha persistido por varios meses -entre junio y noviembre aproximadamente- y el humo ha llegado a ciudades incluso distantes de los focos de incendios.
Para los expertos de la Fundación Tierra, es fundamental tener una ley contra los incendios forestales antes de mayo de 2025 y abrogar las “leyes incendiarias”. Un problema urgente por resolver, señala el documento, es “la presencia indiscriminada y la rápida multiplicación de monocultivos en bosques que deben estar explícitamente excluidos de las zonas de ampliación de la frontera agrícola”.
Lea además: Detienen a 35 migrantes haitianos que arribaron a una playa de Jamaica
Fuente: Infobae
