CARACAS.- — El excandidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González ha huido al exilio tras obtener asilo en España, asestando un duro golpe a millones de personas que depositaron sus esperanzas en su incipiente campaña para poner fin a dos décadas de gobierno de partido único.
La repentina salida del país del que la oposición venezolana y varios gobiernos extranjeros consideraban legítimo vencedor de la contienda presidencial de julio fue anunciada a última hora de la noche del sábado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
Dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió conceder a González un salvoconducto para salir del país, apenas unos días después de ordenar su detención, para ayudar a restablecer “la paz y la tranquilidad política del país”.
Ni González ni la líder de la oposición, María Corina Machado, han hecho comentarios al respecto.
Mientras tanto, el gobierno español de centroizquierda dijo que la decisión de abandonar Venezuela fue sólo de González, que partió en un avión enviado por la fuerza aérea del país.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, declaró a RTVE que su gobierno concederá el asilo político solicitado por González. Albares se dirigía a China junto con el primer ministro español, Pedro Sánchez, en visita de Estado.
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“He podido hablar con él y, una vez que ya se encontraba en el avión, me ha trasladado su agradecimiento hacia el gobierno y hacia España”, dijo Albares. “Por supuesto, le he trasladado nuestra alegría de que se encuentre bien, rumbo a España, y le he vuelto a reiterar el compromiso del gobierno con los derechos políticos de todos los venezolanos”.
Sánchez dijo en un discurso el viernes, antes de que se anunciara la salida de González, que el líder de la oposición era “un héroe, que España no va a abandonar”.
Albares indicó que González había pasado un número indeterminado de días en la embajada española en Caracas antes de su partida.
Un funcionario español con conocimiento de los detalles de la salida de González dijo que su gobierno no discutió la salida de González con el gobierno de Maduro. El funcionario habló bajo condición de anonimato en línea con los protocolos del ministerio.
González, de 75 años, enfrentaba una investigación penal, impulsada por la fiscalía, en la que es señalado de varios delitos, incluidos los de “instigación a la desobediencia” y “conspiración”, relacionados con las protestas que sucedieron al día de votación y con la publicación de las actas de resultados que, según la oposición, muestran que Maduro perdió las elecciones.
Hace algunos días, un juez que lleva casos de terrorismo ordenó su aprehensión por petición de la fiscalía. El excandidato presidencial había sido convocado a declarar tres veces, sin que acudiera en ninguna de ellas, en una investigación por la publicación de las actas electorales en una plataforma digital. El último llamado fue el 30 de agosto.
González, quien se presentó a las elecciones como candidato de una coalición de partidos después de que la líder opositora María Corina Machado fuese inhabilitada por las autoridades, cuestionó la investigación penal y acusó al fiscal general, Tarek William Saab, de ser un “acusador político” que “condena por anticipado”.
Tanto González como Machado han denunciado repetidamente ser perseguidos por las autoridades.
El exdiplomático se presentó en público por última vez el 29 de julio, un día después de la jornada de votación, en una de las protestas ciudadanas que sucedieron al anuncio oficial de los resultados que daban la victoria a Maduro sin mostrar las actas.
Las elecciones venezolanas, en las que el mandatario aspiraba a un tercer mandato, han sido fuertemente cuestionadas por la comunidad internacional por falta de transparencia y por la imposibilidad de verificar los resultados. Varios países, entre ellos Estados Unidos, han reconocido a González como legítimo ganador.
Saab, cercano colaborador de Maduro y exlegislador oficialista, acusa a González de usurpar competencias del organismo electoral y publicar “presuntos documentos forjados o falsificados”, además de delitos de “instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración”, y con ello, causar “zozobra”.
En una misiva entregada al fiscal general el 4 de septiembre por su defensa, González aseguró que no era su “responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación”, como contempla la ley.
Asimismo, su abogado José Vicente Haro indicó que González estaba dispuesto a declarar, pero no compareció a las citaciones debido al “grado de indefensión en el que se encuentra, donde se le ha precalificado delito, donde se le están atribuyendo hechos que no revisten carácter penal como si fueran delito”.
Pese a la insistencia de la oposición y la presión internacional, las autoridades venezolanas no han publicado las actas electorales con los resultados más de un mes después de las votaciones.
Desde que se instauró la democracia en Venezuela en 1958, las actas de escrutinio son consideradas la prueba de los resultados electorales. En comicios anteriores, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha difundido públicamente en su página en internet el contenido completo de cada acta, por centro de votación y mesas instaladas.
Ante las críticas recibidas, Maduro le encargó al Tribunal Supremo de Justicia que hiciese un peritaje del proceso electoral. Este cuerpo judicial, integrado por magistrados que formaron parte del gobierno, certificó el 22 de agosto la victoria de Maduro y afirmó en su resolución que los recuentos de votos publicados por la oposición eran falsos. El Centro Carter de Estados Unidos cuestionó la independencia de ese análisis, un día después de poner en duda la integridad de los comicios.
A mediados de agosto, un grupo de expertos de Naciones Unidas dijo que las recientes elecciones presidenciales en Venezuela carecieron de “transparencia e integridad básicas”, sumando una voz importante a quienes pusieron en duda el anuncio oficial de la victoria de Maduro.
Aunque el equipo de la ONU no llegó a validar las afirmaciones de la oposición de que su candidato derrotó al mandatario por un margen superior a 2 a 1, mencionó que las actas de votación publicadas por la coalición opositora parecían tener todas las características de seguridad de un documento original.
