Qué significa la inmunidad parcial de Trump y cómo puede afectar los casos y la condena que ya tiene

Trump enfrenta cuatro casos criminales en su contra que van desde conspiración para anular las elecciones hasta la falsificación de documentos para ocultar los pagos que hizo para acallar una supuesta relación con una actriz porno.

Aunque el exmandatario no obtuvo las amplias protecciones que él y sus abogados habían buscado, así es cómo el fallo de la Corte Suprema afecta sus casos pendientes.

El fallo de los seis jueces conservadores asestó un duro golpe a la causa penal federal contra él por cargos de intentar anular los resultados de las elecciones de 2020.

Jack Smith, el fiscal especial a cargo del caso, imputa a Trump de presionar a funcionarios para revertir los resultados, de difundir acusaciones falsas de fraude electoral y de intentar explotar el asedio al Capitolio Nacional el 6 de enero de 2021 para retrasar la certificación de la victoria de Biden y mantenerse en el poder.

Pero Smith y su equipo tendrán que reestructurar significativamente su caso contra el expresidente y las pruebas en las que pueden basarse para apoyarlo, si quieren continuar. El juicio quedó en suspenso mientras se decide cómo proceder.

El fallo de 6-3 del lunes garantiza que cualquier proceso que surja se aplazará mucho más allá de las elecciones presidenciales de noviembre, mientras el tribunal de primera instancia interpreta las guías de la Corte Suprema.

En efecto, los seis magistrados conservadores han puesto el listón muy alto para el fiscal Smith y su equipo.

Trump, según el máximo tribunal, goza de inmunidad total para los actos oficiales como presidente relacionados con sus principales obligaciones constitucionales. Eso incluye las comunicaciones que mantuvo con funcionarios del Departamento de Justicia sobre las acusaciones de fraude electoral. Y por lo tanto, esa parte de la acusación contra Trump está efectivamente muerta.

Los intentos de Trump de presionar al vicepresidente Mike Pence para que no certifique la victoria electoral de Joe Biden -una parte clave del caso de Jack Smith- es el tipo de acción oficial sujeta a ese estándar más alto de revisión legal.

También es probable que los comentarios del ex presidente el 6 de enero de 2021, que presuntamente incitaron al ataque del Capitolio, se consideren actos oficiales.

El caso criminal del expresidente en el condado de Fulton, Georgia, también podría quedar en entredicho por el fallo de la Corte Suprema porque, como en el caso anterior, se enfoca en la conducta de Trump cuando era presidente.

La fiscal de Georgia, Fani Willis, lidera la investigación de asociación delictiva iniciada en parte por la filtración de una conversación telefónica en la que Trump pide al principal delegado electoral del estado que le “encuentre 11.780 votos”, la diferencia que necesitaba para remontar el apretado resultado en ese crucial estado.

Los seis magistrados que votaron a favor del fallo el lunes dijeron que existe una presunción de inmunidad para cualquier otro acto oficial. En la práctica, eso significa que los fiscales tendrán que trabajar mucho más para presentar un caso contra Trump.

En su dictamen, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, aplicó específicamente esta norma de presunción de inmunidad al expresidente, una directriz que podría ser especialmente perjudicial para la acusación en el caso de injerencia electoral.

Aunque algunos expertos señalan que la conducta del presidente en sus interacciones con funcionarios estatales e individuos privados podrían no ser necesariamente actos oficiales, los abogados de Trump han buscado desestimar la acusación basados en la inmunidad presidencial.

De todas formas, el caso en Georgia está actualmente aplazado mientras se considera una apelación de la defensa para descalificar a la fiscal Fani Willis y es posible que se retrase aún más con el fallo de la Corte Suprema.

A pesar de lo favorable a Trump que se interpreta el fallo de la Corte Suprema, el tribunal añadió, sin embargo, que los presidentes no gozan de inmunidad por actos no oficiales.

El expresidente enfrenta cargos criminales por supuestamente retener documentos clasificados en su residencia personal de Mar-a-Lago, Florida, después de que dejara el poder. Los fiscales arguyen que ese hecho no está contemplado como una función oficial.

En febrero pasado, la defensa de Trump presentó una moción para desestimar el caso bajo el argumento de que su conducta estaba amparada en la inmunidad presidencial.

Sus abogados sostienen que la acción de Trump fue de carácter oficial porque había designado los documentos clasificados como parte de sus registros personales cuando seguía estando en la Casa Blanca.

La juez que estudia el caso todavía no ha emitido una decisión al respecto, pero el fallo del máximo tribunal el lunes podría darle una razón para reconsiderar la cuestión de inmunidad, lo que retrasaría aún más el proceso.

El presidente de la Corte Suprema dijo además que «los testimonios o registros privados del presidente o de sus asesores» no son admisibles en los tribunales. Esto limita en gran medida el tipo de pruebas que los fiscales pueden presentar en apoyo de su caso, incluso en los casos que implican acciones no oficiales.

A finales de mayo, Trump se convirtió en el primer expresidente en la historia de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal.

El exmandatario fue condenado por 34 cargos de falsificación de registros contables relacionados con los pagos para lograr el silencio de la actriz porno Stormy Daniels y no perjudicar sus posibilidades en las elecciones de 2016.

Alentados por el fallo de la Corte Suprema, los abogados de Trump enviaron una carta al juez Juan Merchán, que presidió el tribunal que lo condenó, para que derogue su fallo, porque alegan que el jurado tuvo acceso a evidencia que debió estar protegida por inmunidad, según informó la cadena ABC.

Los abogados podrían apelar al juez Merchán o a un tribunal de primera instancia para que anule las condenas si la evidencia se llega a considerar como protegida como un acto oficial.

Inicialmente se esperaba que el tribunal emitiera su sentencia sobre este caso el próximo 11 de julio, sin embargo, los abogados de Trump han solicitado que este paso se posponga. La Fiscalía se ha mostrado de acuerdo con esta petición y ha propuesto el 24 de julio como nueva fecha.

El juez Roberts explicó que los presidentes necesitan una inmunidad tan amplia para las acciones oficiales porque la amenaza de un proceso penal -y el «peculiar oprobio público que acompaña a los procesos penales»- podría «distorsionar» la toma de decisiones presidenciales.

«El presidente no está por encima de la ley», escribió. «Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del poder Ejecutivo en virtud de la Constitución».

Sin embargo, los tres magistrados liberales de la Corte Suprema tenían una opinión muy distinta.

«En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley», advirtió la jueza Sonia Sotomayor en su opinión disidente con el fallo del tribunal.

En su pronunciamiento, enumeró una serie de acciones por las que los presidentes no podrían ser procesados según el reciente fallo, como ordenar el asesinato de un rival político, aceptar sobornos a cambio de indultos y organizar un golpe de Estado para aferrarse al poder.

«Inmune», escribió. «Inmune, inmune, inmune».

«Temiendo por nuestra democracia», concluyó, «disiento».

La Corte Suprema referirá ahora el caso de interferencia electoral al juez de primera instancia, que tendrá que aplicar los detalles de la decisión. Esas decisiones también estarán sujetas a apelación y revisión, un proceso que podría llevar meses o, inclusive, años.

Y si Trump gana la presidencia en noviembre, los funcionarios que designe en el Departamento de Justicia podrían desechar ese caso por completo.