La justicia brasileña exigió este jueves al expresidente Jair Bolsonaro que entregue su pasaporte en un plazo de 24 horas.
El juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes emitió la orden en el marco de una amplia operación especial para depurar responsabilidades por un presunto plan de golpe de Estado fallido.
La Policía Federal de Brasil investiga a una organización acusada de «intento de golpe de Estado y abolición del Estado democrático de derecho», indicó en un comunicado.
La trama se habría desarrollado en los períodos previos y posteriores a las elecciones presidenciales de octubre de 2022, culminando en el asalto a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en enero del año siguiente.
Su fin último, según la policía, era asegurar por medios no democráticos la «permanencia en el poder del entonces presidente de la República”, Jair Bolsonaro, y evitar la investidura de Luiz Inácio Lula da Silva, que gobierna desde el 1 de enero de 2023.
En una publicación en la red social X (antigua Twitter), Fabio Wajngarten, asesor de Bolsonaro, afirmó que el expresidente cumplirá las órdenes de la PF.
Según Wajngarten, Bolsonaro se encontraba en su casa de Angra dos Reis, Río de Janeiro, acompañado de un exasesor.
En una entrevista con Folha de S. Paulo, Bolsonaro dijo: «Dejé el gobierno hace más de un año y sigo sufriendo una persecución implacable. Olvídenme, ya hay alguien más gobernando el país«.
Allanamientos y arrestos
Además de retirarle el pasaporte, las autoridades ordenaron a Bolsonaro no mantener contacto con otras personas investigadas.
Estas son sus aliados cercanos, desde exministros a altos cargos militares, que según la policía habrían formado parte de la organización.
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Bajo el nombre Tempus Veritatis, el operativo policial cumplió diligencias en una decena de estados, donde dictó 33 órdenes de allanamiento y 4 mandatos de prisión preventiva, además de imponer a los sospechosos un total de 48 medidas cautelares.
La policía llevó a cabo registros en dependencias de los exministros y generales del ejército Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, que formaron parte del gabinete de Bolsonaro entre 2019 y 2022, y del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos.
Integran también el listado Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL) de Bolsonaro, y el exministro de Justicia Anderson Torres, que ya permanecía bajo investigación por el ataque a las instituciones que seguidores del expresidente perpetraron el 8 de enero de 2023.
En relación a este suceso también se investiga al propio Jair Bolsonaro por incitar a sus simpatizantes a tomar el poder por la fuerza.
De las cuatro ordenes de prisión expedidas por la Corte Suprema, tres han concluido con las detenciones de aliados del expresidente.
Estos son Filipe Martins, exasesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro; el coronel del ejército Marcelo Câmara, otro exasesor que estaba siendo investigado por el caso de presunto fraude con la tarjeta de vacunación del expresidente; y Rafael Martins de Oliveira, mayor de las fuerzas especiales del ejército.
También hay una orden de arresto contra el coronel del ejército Bernardo Romão Correa Neto, que se encuentra fuera del país.
El plan de insurrección
Los sospechosos se dividieron “en núcleos de actuación” para propagar sospechas de fraude en las elecciones de octubre de 2022, en las que Lula venció a Bolsonaro en la segunda vuelta con un margen de 1,80 puntos porcentuales, según la investigación de la policía.
Ésta acusa a los investigados de diseminar estas sospechas “incluso antes de la celebración de los comicios” y asegura que su fin último era “legitimar una intervención militar”.
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Su modus operandi habría consistido en crear una narrativa basada en informaciones falsas sobre las urnas electrónicas usadas en los comicios, las mismas que en Brasil se llevan utilizando desde el año 1996 sin incidentes.
La idea del falso fraude se propagó mediante la «difusión falaz de vulnerabilidades en el sistema de voto electrónico, discurso reiterado por los investigados desde 2019 y que persistió incluso después de los resultados de la segunda vuelta de las elecciones de 2022», según las autoridades.
Estas también mencionaron «la práctica de actos para subsidiar la abolición del Estado Democrático de Derecho, mediante un golpe de Estado, con el apoyo de militares con conocimientos y tácticas de fuerzas especiales en un ambiente políticamente sensible».
Los hechos investigados constituyen, en teoría, los delitos de organización criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado.
