Nueva marcha atrás en las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.
El gobierno estadounidense comenzó este lunes a reimponer sanciones económicas sobre Caracas, tres días después de que el Tribunal Supremo confirmara la inhabilitación de la candidata presidencial opositora María Corina Machado.
Las primeras medidas afectan al sector minero. Según un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., toda empresa estadounidense que negocie con la compañía estatal Minerven tiene hasta el 13 de febrero para «cerrar transacciones» con la misma.
La decisión se produce después de varias advertencias de Washington a Caracas de no revertir la relajación de sanciones que comenzó el año pasado, tras los llamados Acuerdos de Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana.
Machado, quien fue elegida con amplia mayoría como la candidata de unidad de la oposición en octubre, había sido inhabilitada en junio por la Contraloría General de Venezuela (CGR) para postularse a cargos de elección popular durante un plazo de 15 años.
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Además de mantener el veto a Machado, el Supremo confirmó el pasado viernes la inhabilitación de su posible sustituto en la oposición, el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles.
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El veto sobre Machado y Capriles y el regreso de las sanciones suponen un revés para una hipotética normalización de relaciones entre EE.UU., Venezuela y la oposición.
Además de las garantías electorales, Washington exigía a Caracas levantar las inhabilitaciones a miembros de la oposición, relajar prohibiciones y liberar a presos políticos y estadounidenses «detenidos injustamente».
A cambio, la Casa Blanca flexibilizó algunas de las duras sanciones que pesan sobre la economía venezolana, como los límites a la venta de petróleo y gas en el exterior.
En diciembre, Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, aliado clave de Maduro, a cambio de varios venezolanos y estadounidenses detenidos en el país sudamericano.
Pero estos pasos hacia una posible normalización parecen frenarse en seco con los últimos acontecimientos.
Horas antes de la reimposición de las sanciones este lunes, John Kirby, portavoz de Seguridad Bacional de la Casa Blanca, dijo que las medidas que imponga EE.UU. dependerán de Maduro y su gobierno.
«Tienen hasta la primavera para honrar sus compromisos. Tienen decisiones que tomar antes de que nosotros midamos qué decisiones tomaremos», dijo Kirby.
Deterioro del clima político
Este lunes, el jefe de la delegación del Gobierno de Venezuela en las negociaciones con la oposición, Jorge Rodríguez, advirtió que su país responderá con severidad si EE.UU. reanuda o aplica nuevas sanciones contra el país.
«Si hay alguna acción agresiva, nuestra respuesta será severa, recíproca y enérgica», aseguró Rodríguez en rueda de prensa.
En el mismo día, Machado reiteró sus intenciones de competir en las próximas elecciones presidenciales a pesar del veto confirmado por el Supremo.
«Quiera o no quiera Maduro, se va a medir conmigo y lo vamos a derrotar en elecciones presidenciales», dijo ante periodistas la exdiputada liberal, que descartó la posibilidad de que alguien la sustituya como candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
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El clima político se ha enrarecido con rapidez en Venezuela en las últimas semanas.
El gobierno denunció un supuesto complot para asesinar a Maduro y acusó a periodistas y activistas de ser parte de él.
Poco antes, tres dirigentes regionales de la campaña de Machado fueron detenidos y vinculados a una presunta conspiración contra el gobierno, según acusación del fiscal general, Tarek William Saab, quien anteriormente fue diputado constituyente y gobernador electo por el chavismo.
En medio de estas denuncias de conspiraciones que derivaron en la detención de civiles y militares, Maduro dijo el jueves que los acuerdos que firmó su gobierno con la oposición en octubre de 2023 en Barbados están «heridos de muerte».
