Los eurodiputados respaldan la preocupación de la UE por la prisión preventiva RD
Amado Díaz, Juan Dionisio Restituyo y Sandro Sánchez.
SANTO DOMINGO.-Tres legisladores dominicanos se pronunciaron de acuerdo con las preocupaciones del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Michael McCaul, sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en República Dominicana.
Juan Dionisio Restituo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, legisladora de la provincia de Santo Domingo, considera alarmante que el 68% de los privados de libertad correspondan a prisión preventiva.
Recordó que preocupada por la situación, la Comisión de Derechos Humanos denunció ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, solicitando acciones para retomar el tema.
Dijo que la comisión tenía una lista de un gran número de detenidos preventivos y había determinado que muchos de ellos serían informados de su proceso al momento de su liberación.
Por su parte, Amado Díaz dijo condenar el exceso de prisión preventiva, al considerar que es una situación muy preocupante.
Dijo que lo revelado por el senador estadounidense se hizo eco de las preguntas que los ciudadanos han estado haciendo sobre la decisión de la agencia de justicia penal de imponer las más duras medidas de coerción, como la prisión preventiva.
Mientras tanto, el diputado Sandro Sánchez, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y presidente de la Comisión Disciplinaria, entiende que el Congreso estadounidense tiene derecho a proceder con la prisión preventiva en la forma contenida en el Código Procesal Penal dominicano.
Dijo que si bien la prisión preventiva es uno de los siete privilegios que considera el CPP para que un juez de atención permanente pueda emitir una decisión sobre un imputado, dijo que la medida debe ser la excepción y no la regla.
Respecto a la solicitud de McCall al Congreso de Estados Unidos para investigar la prisión preventiva en República Dominicana, se hace énfasis en casos específicos contra ciudadanos y residentes estadounidenses.
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